La brecha institucional entre el Palacio de la Moncloa y la Cámara Alta alcanza un hito histórico. El próximo jueves 12 de marzo, Pedro Sánchez cumplirá dos años exactos desde su última comparecencia en una sesión de control en el Senado.
Un reglamento ignorado y mayoría absoluta del PP
Desde el 12 de marzo de 2024, el jefe del Ejecutivo no ha vuelto a someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios en el Pleno. Esta ausencia se produce a pesar de que el Partido Popular, haciendo valer su mayoría absoluta, reformó el Reglamento para intentar obligar al presidente a acudir, al menos, una vez al mes.
Fuentes gubernamentales justifican estas ausencias alegando «motivos de agenda», aunque desde el entorno de Sánchez se ha deslizado que el presidente no se siente «bien tratado» en una cámara donde la oposición mantiene un control total de los tiempos y las iniciativas.
El «Caso Koldo» y el choque de trenes institucional
La única vez que Sánchez acudió al Senado en esta legislatura fue para responder por las ramificaciones del ‘caso Koldo’ y la situación de su esposa, Begoña Gómez. No obstante, solo ha regresado a la Cámara de forma obligada para comparecer en la comisión de investigación sobre dicha trama.
El conflicto ha escalado hasta el ámbito jurídico. El PP ya ha activado los mecanismos para elevar este choque institucional al Tribunal Constitucional, tras la negativa de Sánchez a asistir a un Pleno extraordinario a principios de este año.
Puntos clave del conflicto:
- 24 meses de ausencia: La última vez fue el 12 de marzo de 2024.
- Queja formal: La portavoz popular, Alicia García, ha denunciado sistemáticamente el «plantón» al poder legislativo.
- Vía judicial: El Senado llevará al Gobierno ante el TC por el conflicto de atribuciones y la falta de control parlamentario.
Impacto en la campaña del 15M
Este escenario de parálisis en el Senado llega en un momento crítico para Castilla y León. La falta de interlocución directa en la Cámara de representación territorial dificulta el debate sobre infraestructuras y financiación que afectan directamente a provincias como Zamora.
Mientras el PP utiliza este argumento para denunciar un «atropello democrático», desde el PSOE se tacha la actividad del Senado de «uso partidista» de las instituciones por parte de la mayoría conservadora.
