La modificación del PGOU en Zamora revierte cuatro millones de metros cuadrados en suelo rústico

El Ayuntamiento desclasifica terrenos urbanizables para aportar mayor seguridad jurídica y responder a las demandas del sector agrícola local

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana en Zamora permitirá desclasificar un total de 4.272.000 metros cuadrados de suelo urbanizable que pasarán a ser clasificados formalmente como suelo rústico. La medida responde a una petición realizada por la Junta Agropecuaria Local y a diversos acuerdos alcanzados con los propietarios afectados. El alcalde Francisco Guarido y la concejala de Urbanismo Ana Belén González han presentado este ajuste de la planificación urbanística municipal. La iniciativa se debatirá en la Comisión Informativa previa a su tramitación en el próximo Pleno ordinario.

El procedimiento técnico desclasifica más de tres millones de metros cuadrados derivados de la solicitud directa tramitada por los profesionales del campo. A esa cifra se suman otros 1.206.000 metros cuadrados del entorno del estadio Ruta de la Plata anulados por vía judicial.

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El expediente incorpora además la reversión de terrenos desestimados en proyectos autonómicos anteriores en las inmediaciones de la cuenca del río. La suma global alcanza así cerca de seis millones de metros cuadrados devueltos a la actividad agrícola y ganadera tradicional.

Un modelo realista ajustado a las necesidades de la población

La corporación local considera que la medida corrige las proyecciones desmesuradas aprobadas durante la época de expansión del sector inmobiliario. La planificación resultante aporta seguridad jurídica a las promociones futuras y protege los derechos de los titulares de fincas.

A pesar de la reducción aprobada, el planteamiento municipal reserva capacidad de crecimiento residencial suficiente para albergar hasta 120.000 habitantes. Esta reserva garantiza el desarrollo equilibrado de la capital sin perjudicar la explotación del suelo rústico circundante. El expediente cuenta con los informes técnicos favorables necesarios tras resolver las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. Tras la aprobación plenaria, el texto requerirá el informe del Consejo Consultivo antes de su ratificación definitiva.

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