CEOE y Cepyme han mostrado este martes su rechazo a la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios y han expresado dudas sobre su encaje jurídico, al considerar que las reivindicaciones planteadas están dirigidas principalmente a provocar cambios políticos y legislativos en materia de vivienda.
En un comunicado conjunto publicado por CEOE y Cepyme, ambas organizaciones empresariales califican la movilización de «inadmisible» porque, a su juicio, trasladaría a empresas, trabajadores y actividad económica el coste de una protesta dirigida contra la gestión del Gobierno.
CEOE sostiene que las reivindicaciones no son esencialmente laborales
Las patronales argumentan que las reclamaciones anunciadas buscan fundamentalmente cambios legislativos y presupuestarios relacionados con la vivienda.
CEOE y Cepyme sostienen que estas materias corresponden a la Administración y quedan fuera de la capacidad de gestión de las empresas, por lo que consideran que las reivindicaciones que han motivado el anuncio «no son, en esencia, de naturaleza laboral».
Esta es la base sobre la que las organizaciones empresariales plantean sus dudas jurídicas sobre la futura convocatoria.
La patronal cuestiona que las empresas asuman el coste de la protesta
CEOE y Cepyme rechazan que la actividad empresarial pueda verse afectada por una movilización cuyo destinatario principal, según su interpretación, es el Gobierno.
Las organizaciones consideran que las consecuencias económicas de una huelga de estas características recaerían también sobre compañías y trabajadores que no tienen capacidad directa para aprobar las modificaciones legislativas reclamadas.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha profundizado este martes en esta posición al afirmar que la convocatoria presenta, a su juicio, un componente «político y electoral» y al plantear que podría existir un problema de legalidad dependiendo de cómo se formalice finalmente.
La convocatoria de elecciones entra en el debate
Las patronales vinculan además su rechazo al actual escenario político, después de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
CEOE y Cepyme consideran «difícilmente justificable» utilizar la actividad de las empresas y sus trabajadores como elemento de presión durante el periodo electoral.
Esta valoración forma parte de la posición de las organizaciones empresariales y no supone por sí misma una declaración sobre la legalidad de la huelga, que dependerá de su convocatoria definitiva y de los requisitos que finalmente cumpla.
CEOE admite que todavía no puede valorar definitivamente su legalidad
Pese a cuestionar su encaje jurídico, las propias patronales reconocen que todavía no existe información suficiente para realizar una valoración definitiva.
La huelga está pendiente de ratificación, no tiene todavía una fecha determinada y el anuncio realizado por los sindicatos no constituye el preaviso formal exigido legalmente.
Por este motivo, CEOE y Cepyme aseguran que analizarán la convocatoria cuando se concrete, atendiendo a sus objetivos, ámbito de aplicación y cumplimiento de los requisitos legales.
La huelga todavía no tiene fecha
El anuncio realizado hasta ahora no equivale, por tanto, a una convocatoria formal con todos sus elementos definidos.
Será necesario esperar a que los sindicatos concreten la fecha, duración, ámbito y reivindicaciones definitivas antes de poder determinar cómo se desarrollará la movilización y cuál será su encaje jurídico.
La posición empresarial se produce después de que los sindicatos anunciaran la intención de impulsar una huelga general vinculada, entre otras cuestiones, al acceso a la vivienda y los salarios.
