CCOO ha exigido a la dirección de Correos y al Gobierno que amplíen hasta los 70 contratos de refuerzo en la provincia de Zamora para garantizar el funcionamiento del servicio postal durante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según los datos que maneja el sindicato, actualmente apenas hay unos diez contratos previstos para afrontar el incremento de actividad que provocará la convocatoria electoral.
La organización considera que esta cifra resulta insuficiente para atender una campaña que movilizará millones de envíos y que exigirá un esfuerzo adicional en oficinas, centros de tratamiento y unidades de reparto. Por ello, reclama al presidente de Correos, Pedro Saura, y al Ejecutivo una ampliación inmediata de la contratación que permita preparar con antelación el dispositivo electoral.
CCOO denuncia que la empresa pública llega a esta cita con una plantilla debilitada tras la pérdida de 25 puestos de trabajo en Zamora durante los últimos tres años. El sindicato sostiene que se trata del mayor recorte de personal de los últimos quince años y advierte de que la reducción ha afectado a la capacidad operativa de los distintos centros, con problemas de cobertura y sobrecarga de trabajo para los empleados.
La preocupación sindical se centra en el volumen de tareas que implica la organización de unas elecciones generales. La actividad no se limita a la gestión del voto por correo, sino que incluye la distribución de las tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las notificaciones electorales, la admisión y entrega de la documentación y la recogida y custodia de los votos emitidos.
Todas estas operaciones deben realizarse dentro de plazos legales estrictos y con garantías especiales de seguridad y trazabilidad. El aumento de trabajo afectará a las oficinas postales, que atenderán las solicitudes de voto y la llegada de ciudadanos; a los centros de tratamiento automatizado, encargados de clasificar y encaminar los envíos; y a las unidades de reparto, responsables de distribuir las comunicaciones y entregar la documentación electoral.
La situación será especialmente exigente porque la campaña coincidirá con el Black Friday y el inicio de la campaña de Navidad, dos periodos de gran actividad para la paquetería. CCOO recuerda que el censo electoral de Zamora supera las 165.000 personas y que en las elecciones generales de julio de 2023 se registraron cerca de 11.000 solicitudes de voto por correo en la provincia.
«No se puede recortar plantilla durante años, dejar las unidades bajo mínimos y pretender después que el personal resuelva una campaña electoral de esta magnitud a base de sobrecargas, prolongaciones de jornada y esfuerzos extraordinarios», advierte el sindicato.
La petición de CCOO pasa por reforzar toda la cadena postal, con incorporaciones suficientes en oficinas, centros de tratamiento, instalaciones logísticas y unidades de distribución. También reclama cubrir todas las ausencias, facilitar la ampliación de jornada al personal a tiempo parcial que lo solicite voluntariamente y adoptar medidas organizativas que permitan cumplir los plazos electorales sin deteriorar las condiciones laborales.
El sindicato insiste en que los aproximadamente diez contratos de refuerzo actuales no permiten afrontar con garantías el incremento de trabajo y reclama alcanzar los 70 efectivos, distribuidos en función de las necesidades de cada centro. Además, considera necesario que las incorporaciones se produzcan con suficiente antelación para que los nuevos trabajadores puedan recibir la formación y preparación necesarias.
CCOO defiende la profesionalidad de la plantilla de Correos y recuerda que sus trabajadores han garantizado históricamente la fiabilidad del voto por correo. Sin embargo, advierte de que ese compromiso no puede sustituir los recursos humanos y materiales que debe proporcionar la empresa pública.
Para la organización sindical, la convocatoria del 29 de noviembre vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias de la política de reducción de plantilla aplicada en Correos. Una situación que, a su juicio, compromete la capacidad de respuesta de un servicio público que debe afrontar al mismo tiempo las obligaciones electorales y uno de los periodos de mayor actividad postal del año.
