El Tribunal de Instancia de Zamora ha archivado la querella presentada contra Javier Faúndez, presidente de la Diputación Provincial, por la gestión y el destino de los terrenos de Barcial del Barco en los que estaba prevista la construcción de la biorrefinería.
El auto judicial, fechado el 9 de noviembre de 2026, considera que los hechos denunciados ya habían sido objeto de una causa penal anterior, que terminó con un archivo provisional. Una decisión que, además, fue confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial de Zamora.
Por este motivo, la magistrada ha acordado el archivo del nuevo procedimiento y ha dejado sin efecto las diligencias de investigación que se habían puesto en marcha a raíz de la querella.
La resolución supone el cierre de esta nueva vía judicial relacionada con los terrenos de Barcial del Barco, después de que los mismos hechos ya hubieran sido examinados en el procedimiento anterior.
Al margen de la decisión judicial, la Diputación de Zamora mantiene su intención de buscar una salida para los terrenos de Barcial del Barco mediante un procedimiento que permita ponerlos a disposición de una empresa o proyecto industrial vinculado al sector de la bioenergía.
El objetivo de la institución provincial es favorecer la implantación de una actividad que permita generar riqueza, actividad económica y empleo en esta zona de la provincia.
La Diputación tiene la potestad de revertir los terrenos en los que estaba prevista la construcción de la antigua biorrefinería, que actualmente son de titularidad provincial. Sin embargo, ha decidido no ejercer ese derecho para facilitar la posible llegada de un nuevo proyecto industrial que permita aprovechar estos espacios.
Para avanzar en esta iniciativa, la institución ha contratado una consultoría externa especializada que se encargará de asesorar sobre el procedimiento de licitación que debe seguirse y de preparar la documentación administrativa necesaria.
Este trabajo se está desarrollando en coordinación con los servicios jurídicos de la Diputación y pretende garantizar un procedimiento que cumpla con la legalidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades, además de proteger los intereses de la institución y del conjunto de la provincia.
