Populares y Ciudadanos, los portavoces de los dos grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Benavente, han salido a la palestra ante las declaraciones realizadas por el equipo de gobierno de coalición, PSOE e IU, por el alcalde Luciano Huerga, la concejala de Urbanismo, Sandra Veleda, y el concejal de IU, Manuel Burón, sobre la sentencia del edificio de la calle Villalar. Y lo han hecho esta mañana en una rueda de prensa conjunta en la sede de los populares ante la negativa del Ayuntamiento de facilitarles la sala de prensa municipal, como así quiso resaltar el edil del PP, José Manuel Salvador.
Una rueda informativa de los dos grupos políticos, PP y Ciudadanos, cuyo tono suave chocaba frontalmente con «el bronco» utilizado por el gobierno de coalición. El concejal popular, José Manuel Salvador, hacía hincapié en que lo manifestado por el alcalde se circunscribía a la campaña electoral iniciada por este como secretario general del PSOE y la ha empezado «con otro de sus actos propagandísticos y por eso queremos responder a algunas afirmaciones que se hicieron» por parte de representantes del equipo de gobierno «en esa rueda de prensa con tono bronco y que dista mucho de ser el que debería utilizar el alcalde de Benavente que está desesperado, porque sabe perfectamente el rechazo y hartazgo social del pueblo de Benavente por las actuaciones del gobierno de PSOE e IU y teme perder el sillón y sueldo del alcalde».
Salvador explicaba que el alcalde «se arrogó haber solucionado un problema de años, refiriéndose al edificio Villalar. Pero no dijo que el problema lo generó en el año 2005 el partido político del que él es actualmente es el máximo representante en Benavente, el PSOE, otorgando licencia para la construcción de un edificio que incumplía la normativa urbanística, tal y como reflejó la sentencia del TSJ en 2010». Seguía diciendo Salvador que, en cambio, «no dijo que este problema cuando se resuelva definitivamente, que aún no lo está, puede haber costado a los benaventanos en torno al millón de euros».
Tampoco dijo el alcalde que «la solución ha llegado gracias a una actuación realizada en el año 2013 para restaurar la legalidad del edificio, con un gobierno municipal del PP, tal y como consta en la Sentencia del TSJ 2022, además bien subrayado» apostillaba el concejal José Manuel Salvador explicando ante los medios que por Decreto del Alcalde de Benavente, Saturnino Mañanes, de 9 de enero de 2012 se resolvió el expediente de restauración de la legalidad urbanística, y el 16 de enero de 2013, también por Decreto de Alcaldía se otorgó licencia urbanística. Decretos que no fueron recurridos o impugnados por nadie y por lo que quedaron firmes. Esta actuación es lo que ha servido de base fundamental y sobre la que se ha sustentado la resolución de este problema, tras años de farragosos litigios, «en los que no vamos a entrar a dar explicaciones, porque los concejales del PP no lo hemos hecho nunca. Si más adelante tenemos que hacerlo, lo haremos».
El concejal popular reiteraba que lo que habían hecho ante el Ayuntamiento era demandar información sobre lo que se estaba haciendo, «como se ha hecho desde el año 2005 por todos los grupos políticos que han pasado por este Ayuntamiento, responsables de la función de fiscalización sobre quienes tenían la responsabilidad de gobernar en cada momento». Hizo hincapié Salvador en que a novedad que se ha producido en esta parte final del proceso, ha sido un acuerdo entre la parte denunciante y el Ayuntamiento. Por ello señalan los concejales que «ya era hora de que lo hayan arreglado. Que no entendemos por qué han tardado tanto y que lo deberían de haber hecho hace años», haciendo observar que «el actual alcalde lleva ya siete años gobernando, siete años en los que hemos visto que de los únicos que no se han acordado, es de los vecinos; que han sido sin ningún lugar a duda, los más perjudicados en todo este proceso».
Sobre algunas afirmaciones vertidas por el alcalde Luciano Huerga, el concejal popular quiso advertir que «nada tienen que ver con el edificio Villalar y si con sus habituales actos propagandísticos, en las que faltó a la verdad de forma grotesca, cargando contra el PP con algunas de sus recurrentes mentiras, que no se cree ni él mismo. Referente a la calle Lagares, el alcalde adujo haber resuelto el problema de embudo en esa calle y Salvador le replica que «falta a la verdad» ya que fue el PP el 14 de febrero del 2015, quien inició el expediente de declaración de ruina del edificio que provocaba la estrechez en dicha calle. Así como dejaron caducar el expediente, lo que provocó el retraso de la solución de ensanche de la calle durante meses. Y, por último, el concejal Salvador replica al alcalde argumentando que «se gastaron innecesariamente el dinero de los benaventanos para la expropiación, en lugar de llegar a un acuerdo con la propiedad, que cumpliendo el PGOU ya no podía hacer nada en la zona sin respetar el ancho que tenía que tener y tiene ahora la calle». Más aún, le espetó el concejal Salvador al regidor benaventano: «ni tan siquiera hicieron bien el diseño de la calle, que ha dejado una calle en acera muy estrecha en uno de los lados, con el consiguiente peligro para los peatones».
También quiso referirse el concejal popular rechazando las declaraciones del alcalde aduciendo éste que los populares se habían puesto puesto de parte del propietario del solar de la calle Zafra en lugar de con el Ayuntamiento. «Como siempre, faltando a la verdad», le espetó Salvador argumentando que «lo que no dice el alcalde es que el Juzgado anuló tres decretos de alcaldía en relación con ese tema. Sentencia 8/11/2018 que daba la razón al propietario del terreno. O que el Juzgado le condenó a pagar por la expropiación el triple de lo aprobado el Ayuntamiento, 41.000 euros». «No le ha contado a los benaventanos que los gastos judiciales han costado miles de euros a los benaventanos», resaltó.
«Por si no le queda claro», seguía diciendo, «estamos con los vecinos e intentando que desde el Ayuntamiento se hagan las cosas lo mejor posible. Y eso significa también decirlo si es preciso cuando las hace mal, por mucho que le disguste a nuestro alcalde. Que solo entiende lo que llama “lealtad institucional” que se le diga si Buana».
Y por si no había más cuentas del Rosario que señalar, el concejal Salvador se hizo eco también de lo declarado por el alcalde al señalar que había resuelto el problema de Gadis. «¡Pero, hombre! es que no sabe que fue la Junta de Gobierno presidida por Saturnino Mañanes, quien aprobó provisionalmente el 24/10/2013 y definitivamente el 13/05/2014 el Proyecto de Actuación y Urbanización del Plan Parcial Las Candelas para la construcción de la superficie comercial?», le espetaba apuntando «ya sabemos que estos discursos le interesan para intentar seguir sentando en el sillón de alcaldía y cobrando el sueldo del Ayuntamiento, pero está muy feo engañar a la gente».
Y en cuanto a los problemas urbanísticos del edificio de la calle Sanabria donde se prestaba el servicio de hemodiálisis y por cuya actuación está siendo investigado por el Juzgado, Salvador señaló que el alcalde se había callado que ha sido el propio alcalde quien ha estado negando todas las licencias urbanísticas incluida la de actividad, a la empresa concesionaria del servicio desde hace siete años que empezó a funcionar. «La última vez el 18 de febrero de este año 2022, cuando mediante Decreto del Alcaldía les advirtió de que si no presentaban la documentación requerida, ordenaría el cese inmediato de la actividad. Dijo en su día que si hacía cumplir la normativa se perdería el servicio de diálisis en Benavente, otra mentira, como se ha demostrado cuando ninguna de las dos empresas que se presentaron a la licitación obtuvieron los permisos urbanísticos necesarios del Ayuntamiento, como ha quedado reflejado el escrito firmado por la Ex Consejera de Sanidad Veronica Casado el 23/8/2021, hecho por el que la JCyL trasladó el servicio al Hospital. Y estamos todos encantados con que haya pasado al Hospital , porque está allí con todos los permisos y garantías», concluía su intervención el concejal José Manuel Salvador.
La portavoz del Grupo Municipal, Beatriz Asensio, quiso reiterar lo ya manifestado por este grupo en una comparecencia anterior en noviembre de 2021 cuando ya se había producido el auto judicial del 29 de octubre y la reclamación de los vecinos y en la que mantuvieron su posición de pedir a quienes están gobernando que informen y que den explicaciones de lo que están haciendo.
«Eso fue única y exclusivamente lo que hizo nuesro grupo en aquella comparecencia, que está grabada para que no quede ninguna duda de lo que digo». Asensio señalaba que el PP no había salido antes a dar respuesta al alcalde, «por dos razones, primero porque no teníamos y desconocíamos el contenido de la Sentencia del TSJ y segundo, por respeto a los afectados, los vecinos del inmueble».
«En lo que no voy a entrar es en interpretaciones que se han realizado, en las que no nos hemos visto reflejados, y que han generado declaraciones por alguna de las partes en este proceso», dijo la portavoz popular. Durante aquella comparecencia pública, Beatriz Asensio expresaba que «en ningún momento mencioné al denunciante, porque teníamos claro que nuestra función es pedir cuentas a quien toma las decisiones como alcalde de Benavente, que por lo que hemos visto, había cosas que no quería que se supiesen y él sabrá por qué, ya que se ha visto perfectamente que no había ningún problema en informar, como lo hizo en su día con los grupos de la oposición la concejal del PP, Emérita Martínez., sin que nadie se lo pidiese. Y ahí sí que hay un ejemplo de cómo se hacen las cosas», aseguró.
La portavoz del grupo popular quiso agradecer la labor para resolver el problema de la entonces concejala Emérita Martínez y del alcalde Saturnino Mañanes. «Hay que reconocer que gracias a ellos se ha solucionado. Gracias la restauración de la legalidad del 2013, tal y como recoge la Sentencia». Los agradecimientos los quiso extender Asensio a la ex secretaria general del Ayuntamiento, Mercedes Tagarro, que «fue quien buscó y propuso la solución que finalmente ha cerrado este tema, así como a los jueces por la infinita paciencia, que han tenido en todo el proceso, y la flexibilidad con la que han interpretado las leyes para llegar al veredicto al que han llegado».
Según Asensio «pedir explicaciones de las actuaciones de un Gobierno es algo que ese hace en todas las instituciones de este País y no debería de parecerle mal a nadie». Lo han hecho los grupos políticos durante los 17 años que ha durado el proceso judicial del denominado caso Villalar, desde que el PSOE le concedió una licencia de obras en 2005, que el TSJ declaró ilegal en Sentencia del año 2010. La concejala del PP advirtió que el problema no estaba aún cerrado ya qe queda pendiente el pago de la indemnización por daños patrimoniales a los vecinos.
«El coste de este problema generado por el PSOE de Benavente, lo vamos a pagar los benaventanos y puede acabar rondando el millón de euros entre la indemnización pactada con el denunciante, la indemnización pendiente a los vecinos, los gastos del proceso judicial que han durado 17 años, incluidas las costas y pago de peritos con los que se ha condenado al Ayuntamiento, y también las horas de trabajo de los técnicos municipales, que no olvidemos que también tienen un coste», concluía la portavoz popular.
La portavoz popular resumía señalando que «este problema lo genera un gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, concediendo una licencia urbanística que no cumplía la normativa, como reflejan los autos y sentencias judiciales, y eso si que es un varapalo judicial».
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Jesús María Saldaña, en sintonía con algunos aspectos con lo expresado por los portavoces populares, aún siendo grupos diferentes como quiso resaltar, advirtió que no podían «asumir culpas y pecados de otras legislaturas cuando este grupo municipal no tenía representación en el Ayuntamiento». Haciendo un repaso de los hechos hasta llegar al acuerdo intrajudicial y la sentencia del TSJ Saldaño puso en énfasis lo que han tenido que sufrir los propietarios de viviendas y locales «en todo este proceso de zozobra e incertidumbres», «como si fueran merecedores de un varapalo judicial» como se escribió en un titular periodístico.
Saldaña reprochaba al alcalde de llevar 7 años con la industrialización de Benavente «y todavía ni tiene los terrenos, ni tiene el proyecto, todo es cacarear». Insistía el portavoz de Ciudadanos en el coste económico que el caso Villalar conlleva para las arcas del Ayuntamiento y se preguntó¿a cambio qué han recibido los benaventanos?». Su respuesta fue clara, «nada de nada». Reiteró, además, que una indemnización por daños y perjuicios morales, en referencia al acuerdo llegado con Román Ávila, no tiene cabida en los gastos corrientes.
La también concejala de Ciudadanos, Sara Casquero, ponía el acento en el sufrimiento que ha tenido que soportar durante todo el proceso como propietaria de una de las viviendas afectadas y también como empresaria. Sara Casquero se dirigía en estos términos a Román Ávila. «Le diré que este señor lleva 17 años para conseguir la legalización del edificio y se ha vendido por 110.000 euros, allá su conciencia».
A la concejala de Urbanismo, Sandra Veleda, también quiso indicarle el sufrimiento vivido para que se intentase solucionar el problema, llegando a recordarle las conversaciones mantenidas. «Le dije hace un mes que se hiciese todo lo posible, que se reuniese con la arquitecta municipal para dar una solución y su respuesta fue que se sabía que el edificio era ilegal».
No podía quedar sin ser apuntado en la diana el alcalde, al que en todo momento la concejala Sara Casquero llamaba señor Luciano indicándole no entender ¿»porqué se siente tan orgulloso de gastar tanto dinero los benaventanos del erario público si se podía ya haber solucionado hace años». «La verdad es que no lo entiendo y tendría (por el alcalde) que haber pedido perdón». Por eso le espetó, «alcalde no diga tantas mentiras, no saque rendimiento político de un sufrimiento de los propietarioos y del propio Román Ávila». La concejala Casquero quiso recordar una rueda de prensa en la Casa de Cultura en la que la propiedad se presentó con la letrada aportando un informe pericial, «pero allí no nos escuchó nadie. Habemus Papam, hemos llegado a una solución», se refería al acuerdo llegado entre Ayuntamiento y denunciante.
«No señor Luciano, no, nosotros no le acusamos de prevaricador. Miente usted, cuente la verdad señor Luciano, no mienta y no eche la responsabilidad sobre los propietarios», le espetó la concejala Sara Casquero al alcalde Luciano Huerga, explicando que precisamente ella había hablado con todas las partes «de este circo» intentando se llegara a un acuerdo «y yo me he apartado», dijo. Por eso insistía en lo que consideraba animadversión a su persona. «No lo entiendo, querían que firmáramos una mediación que no decía como quedaba la ordenación de esaa viviendaa y se nos acusa de que la culpa la tenemos todos nosotros», refiriéndose a los propietarios de viviendas y locales del edificio.
Seguía señalando Casquero que «todo esto ha sido una victoria gracias a los propietarios del edificio Villalar. «Nosostros nunca hemos querido derribar el edificio, «esa es otra de las mentiras siempre lanzadas».
También quiso dedicar unas palabras la concejala Sara Casquero al concejal de IU Manuel Burón advirtiéndole que ella vivía en un pais democrático y en su comunidad de propietarios de viviendas también son democráticos, ya que no existe la imposición. Por eso, con ironía le espetaba que se iba a presentar a las listas por el PSOE. «El único enemigo que tenemos todos en casa es usted», le espetó.
La concejala de Ciudadanos quiso expresar ante los medios de comunicación que estaba considerando interponer una querella por las calumias vertidas.
