Un conductor ha sido interceptado circulando a 216 kilómetros por hora en la A-52, en la provincia de Zamora, durante un control rutinario de velocidad. El límite máximo permitido en este tramo es de 120 km/h, por lo que el vehículo superaba en casi 100 kilómetros por hora la velocidad autorizada.
La detección se produjo mediante un cinemómetro oficial. Incluso aplicando el correspondiente margen de error del radar, la velocidad registrada sobrepasa ampliamente el máximo legal, lo que sitúa el caso en el ámbito penal y no solo administrativo.
Desde la Subdelegación del Gobierno se ha recordado que este tipo de comportamientos pueden constituir un delito contra la seguridad vial, incluido dentro de los delitos contra la seguridad colectiva. Es decir, no se trata únicamente de poner en riesgo la propia vida, sino también la del resto de conductores que circulan por la vía.
Las autoridades han sido especialmente contundentes al valorar este tipo de conductas. Circular a velocidades extremas, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, o incumplir gravemente las normas de tráfico deja de ser una simple infracción y pasa a considerarse un delito penal.
En este sentido, se ha subrayado que ya no se pueden “disculpar” ni “disimular” determinadas actitudes al volante. A quienes conducen bebidos, drogados o con exceso de velocidad hay que llamarlos por su nombre: “delincuentes viales”.
El suceso se enmarca dentro de los controles que la Guardia Civil intensifica en las carreteras de la provincia, especialmente en vías de gran capacidad como la A-52, una de las principales conexiones entre Castilla y León y Galicia. Estos dispositivos buscan detectar excesos de velocidad, consumo de alcohol y drogas, uso del móvil y conductores reincidentes.
La seguridad vial en Zamora continúa siendo una prioridad para las autoridades. La velocidad excesiva es uno de los factores más determinantes en los accidentes graves y mortales. Circular a 216 km/h no solo puede conllevar multas elevadas, retirada de puntos o incluso penas de prisión, sino que supone un riesgo extremo para todos los usuarios de la carretera.
Desde las instituciones se insiste en que la seguridad en las vías públicas es una responsabilidad compartida. Cada decisión al volante afecta no solo al conductor, sino al conjunto de la sociedad.
