Comunicar con hasta 4 meses de antelación la no renovación de un contrato de alquiler, por parte de los propietarios es en verdad una medida que lleva en vigor en todos los contratos desde marzo de 2019, según ha comunicado José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Sin embargo, hasta ahora lo que hacían aquellos propietarios que no pretendían romper el contrato de alquiler con sus inquilinos tras 5 o 7 años, era avisar con 30 días de antelación, pero ese mes de antelación parece ya no ser suficiente.
No hacerlo, una vez que llegue la fecha de vencimiento y transcurridos los 5 años de duración o los 7 si el arrendador es una persona jurídica, puede hacer que el arrendamiento se prorrogue hasta 3 años más, según dicta el Real Decreto Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Qué ocurre a la inversa
Cuando es el inquilino el que no comunica al arrendador con dos meses de antelación que a la finalización definitiva del contrato no quiere volver a prorrogarlo corre el riesgo que el contrato se prorrogue por otra anualidad completa que debería cumplir o asumir la penalización prevista.
Según Zurdo, casi todos los plazos de comunicación de preavisos regulados por la actual Ley de Arrendamientos Urbanos marcan 30 días o un mes, excepto esta medida, que penaliza al arrendador con un período excesivamente largo.
En este sentido, subraya que se van a vivir muchas situaciones donde una comunicación extemporánea fuera de plazo va a provocar que una gran parte de los contratos de alquiler vayan a pasar a durar hasta 8 años, en el caso de propietarios particulares, y 10 años en el caso de arrendadores personas jurídicas.
Asimismo, denuncia que conocer los plazos de preaviso de la finalización de los arrendamientos de viviendas actualmente es un galimatías porque conviven hasta siete legislaciones o cambios normativos.
Parches constantes
En este sentido, agrega que la culpa de este «enredo jurídico» la tienen los políticos al «parchear» la Ley de Arrendamientos Urbanos según les convenía con modificaciones parciales en lugar de unificar todos los cambios normativos, a través de un texto refundido.
ANA insiste en que en este contexto conocer las normas que regulan los arrendamientos de viviendas es complejo y confuso, incluso para los profesionales del sector.
