La propiedad reclama saber qué empresa se encargó del derribo del edificio y a dónde ha ido a parar el material de obra que tenía en el interior para la reconstrucción.
El Juzgado autorizó la entrada en el edificio para el derribo otorgando al Ayuntamiento una vigencia para hacerlo de 30 días. El propietario explica que se superó con creces ese plazo y se derribó la casa de al lado que estaba en ruinas y, a la vez, se tiró la suya.
«Han hecho algo muy injusto, me han quitado el sueño de mi vida», señala Javier Alonso advirtiendo del «mal rollo» que lleva pasando desde el primer momento que se enteró de que su casita en la calle Fortaleza, una de esas pequeñas viviendas adosadas al parque de La Mota, es ya un solar. Y lo más grave es que el Consistorio le reclama los costes económicos del derribo y del pequeño muro de vallado construido por una cantidad de 4.244,87 euros. Ese sueño de Javier Alonso lo tenía ya fraguado desde hace tiempo para reconstruir el pequeño edificio que llegó comprar con algunos ahorrillos. Incluso en el interior del edificio ya contaba con algunas vigas de madera y materiales de obra para la reconstrucción.
Según el propietario de la que fue su casita se han dado un cúmulo de circunstancias derivadas de la pandemia, tanto el estado de alarma como confinamientos y contagiarse de la Covid-19, a lo que se suma residir fuera de Benavente, en la provincia de Álava, aunque es de una localidad de la comarca, lo que ha provocado que no pudiera estar al tanto de la situación. Este propietario reclama conocer qué empresa ha sido la encargada por el Ayuntamiento para el derribo y quiere conocer donde se encuentra el material de obra que él tenía en el interior para la prevista reparación del inmueble.
El caso es que el Ayuntamiento de Benavente declaró en ruina la vivienda de la calle Fortaleza número 32, un pequeño inmueble de dos plantas y 40 metros cuadrados cuya construcción se encontraba adosada al parque de la Mota, a la antigua fortaleza del castillo, de ahí la calle Fortaleza en el nomenclator callejero. Un expediente administrativo iniciado en el año 2018 y que derivó en la declaración de ruina por el Consistorio y ejecución del decreto de alcaldía de fecha 19 de febrero de 2021, además de interesarse ante el Juzgado la autorización de entrada en el inmueble «para proceder al derribo de la edificación declarada en ruina económica».
Por su parte este propietario presentó alegaciones, y así se refiere en el auto judicial de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zamora de fecha 6 de octubre 2021, al que ha tenido acceso Benavente Digital y Televisión Benavente, alegando que «no ha recibido comunicación alguna del Ayuntamiento previa a la solicitud de entrada en el inmueble, que dicho edificio no está en situación ruinosa y que no es precisa su demolición, estando en condiciones de reparar y arreglar él mismo, para lo cual (advierte la propiedad) ya tiene un arquitecto y que el inmueble está en esa situación por los botellones que se realizan en el paseo de la Mota».
El Juzgado resolvió autorizar al Ayuntamiento de Benavente la entrada en el inmueble para proceder al derribo de la edificación fijando un plazo de 30 días o en caso contrario se tendría que realizar una nueva solicitud de autorización. El Tribunal de lo Contencioso accedió a lo solicitado por el Ayuntamiento en base a que las condiciones del inmueble podrían traspasar a los inmuebles colindantes y que ello se debía a «soluccionar problemas de salubridad que el inadecuado uso de dicho inmueble está produciendo a los vecinos».
No obstante, todo apunta a que el Ayuntamiento desatendió el auto del Juzgado ya que se habría superado con creces el plazo de 30 días fijado por la autoridad judicial que advertía de en caso contrario tener que realizar una nueva solicitud de autorización. En el auto judicial se recoge textualmente: «La autorización interesada (la entrada en el inmueble para proceder al derribo) se debe realizar conforme al decreto de 19 de febrero de 2021 de la alcaldía del Ayuntamiento de Benavente. La autorización tendrá una vigencia de 30 días a contar desde la notificación al Ayuntamiento de la presente resolución (auto con fecha 6 octubre 2021), de tal manera que si dentro de dicho periodo de tiempo no pudiera llevarse a efecto la entrada autorizada será necesaria la solicitud y obtención de una nueva por los mismos trámites que los seguidos en el presente caso». Según la propiedad, el derribo se realizó a finales del año 2021, en plenas Navidades, «se derribó la casa de al lado que estaba en ruinas y también la mía», advierte Javier Alonso.
Por todo ello, el propietario de lo que hoy es ya un pequeño solar, ya que según él «mis sueños se los han llevado», considera que «esto es un atropello y una injusticia» ya que no se ha tenido en cuenta la situación personal sufrida y derivada de la pandemia. «Me he quedado sin casa y sin mi sueño, yo tenía ya materiales de obra en el interior para la reparación, y me han dejado sin nada y encima tengo que pagar dinero por este apropello que me han hecho», explica advirtiendo que «esto no puede quedar así» y que ya ha puesto el caso en conocimiento de un abogado para emprender acciones ante los tribunales de Justicia.
