Durante el tercer trimestre de 2025, el número de divorcios y separaciones en España ha experimentado un descenso significativo. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre los meses de julio y septiembre se registraron 16.444 demandas de disolución matrimonial, lo que supone una caída del 14,9 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta reducción confirma una tendencia a la baja en las rupturas que llegan a los tribunales.
El informe revela que el mayor descenso se produjo en los divorcios no consensuados, que bajaron un 40,8 %, con un total de 4.417 demandas. También se redujeron las separaciones no consensuadas, que cayeron un 21 %. Estos datos apuntan a un cambio de comportamiento en las parejas, que cada vez optan menos por procesos judiciales conflictivos.
En contraste, los divorcios consensuados siguen aumentando ligeramente. Durante este periodo se presentaron 11.437 demandas, lo que representa un incremento del 2,2 % respecto a 2024. Las separaciones consensuadas, por su parte, descendieron un 8,9 %, mientras que las nulidades matrimoniales se mantuvieron prácticamente estables, con 11 procedimientos registrados.
Si se relacionan estas cifras con la población, la media nacional se situó en 33,8 demandas por cada 100.000 habitantes. Canarias y Baleares encabezan el ranking con 41,9, seguidas de la Comunidad Valenciana, con 39,5, y Murcia, con 37. En el lado opuesto se encuentran comunidades como Castilla y León, País Vasco y Madrid, que presentan tasas sensiblemente inferiores a la media estatal.
El descenso también se refleja en los procedimientos de modificación de medidas tras separaciones y divorcios. Las demandas consensuadas aumentaron un 5,1 %, mientras que las no consensuadas se redujeron de forma muy acusada, con una caída del 44,1 %. En los casos relacionados con guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, las solicitudes consensuadas crecieron un 6 %, frente a un descenso del 34,1 % en las no consensuadas.
En conjunto, los datos del CGPJ muestran una evolución hacia procesos de ruptura más dialogados y menos conflictivos, una tendencia que no solo reduce la carga de los juzgados, sino que también facilita acuerdos más rápidos y menos traumáticos para las familias.
