Castilla y León, junto a otras 14 comunidades y ciudades autónomas, ha elevado una denuncia a la Comisión Europea por el bloqueo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al informe sexenal de conservación del lobo. En una carta dirigida a Jessika Roswal, comisaria europea de Medio Ambiente, las comunidades acusan al Gobierno central de «incumplir la ley» al no enviar el informe que debía haberse aprobado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Un informe que confirma la expansión del lobo
El documento, que debía remitirse a Bruselas antes del 31 de julio, certifica que el estado de conservación del lobo en España es favorable, con un aumento de 279 a 333 manadas respecto al último censo. Este informe fue elaborado por técnicos públicos de las comunidades autónomas y aprobado previamente por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Sin embargo, la reunión del pasado 22 de julio, donde se iba a validar oficialmente este informe, fue desconvocada de manera unilateral y sin explicación por parte del Ministerio, según denuncian las autonomías.
Las comunidades denuncian maniobras políticas
La suspensión ha sido interpretada como una maniobra para evitar que Europa conozca la expansión del lobo y, por tanto, impedir que las comunidades puedan recuperar su gestión, como contempla la reciente modificación de la Directiva Hábitats de la UE y la nueva Ley de Desperdicio Alimentario en España, que excluye al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Desde la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León se habla abiertamente de «maniobras para incumplir la ley» y se lamenta que no se haya aceptado la solicitud, realizada por mayoría, para reconvocar la reunión sectorial conforme al reglamento.
Equilibrio entre conservación y ganadería
Las 15 comunidades firmantes —Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana— insisten en la necesidad de gestionar el lobo con criterios técnicos, buscando el equilibrio entre su conservación y la protección de la ganadería extensiva.
En 2024, sólo en Galicia, Cantabria y La Rioja, se contabilizaron más de 12.000 cabezas de ganado muertas por ataques de lobo, lo que pone de manifiesto la urgencia de una gestión flexible y territorializada.
Los ataques en Castilla y León causaron la muerte de 5.985 reses, lo que representa un aumento del 39% desde que el lobo fue incluido en la Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Las provincias más afectadas fueron Ávila, Zamora y Segovia, según datos de la Consejería de Medio Ambiente
Europa, clave en el futuro de la gestión del lobo
Las comunidades han solicitado también una reunión con la comisaria Jessika Roswal para exponer de forma directa la situación y reclamar que se respete la legalidad y el trabajo técnico realizado, frente a lo que consideran una decisión política del Gobierno central para centralizar la gestión y limitar la autonomía regional.
