La Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) han acordado reforzar su alianza para defender un modelo de Política Agraria Común (PAC) justa, sólida y centrada en el agricultor profesional. Durante el Consejo Agrario celebrado el 22 de julio, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, calificó de “inadmisible” el recorte presupuestario que plantea la nueva propuesta de la Comisión Europea.
La responsable autonómica advirtió de que esta reforma “supondría un grave retroceso para el modelo agrario que sustenta a Castilla y León”, al debilitar la autonomía de la PAC y poner en riesgo la financiación de sectores clave como el desarrollo rural, el apoyo a jóvenes agricultores o las inversiones en regadío.
Hoja de ruta firmada con las OPAS
La consejera recordó que la hoja de ruta conjunta firmada en mayo con las OPAS y con la Unión de Cooperativas Urcacyl recoge las principales demandas del sector, entre ellas:
- Un presupuesto sólido y sin recortes.
- Apoyo prioritario al agricultor profesional.
- Incorporación de jóvenes al campo.
- Precios justos y mecanismos de mercado eficaces.
- Inversiones estratégicas en regadíos.
- Mayor simplificación administrativa.
Estas prioridades serán defendidas de forma conjunta mediante la creación de un grupo de trabajo permanente entre la Consejería y las organizaciones agrarias, con el objetivo de presionar a las instituciones europeas y nacionales para modificar la actual propuesta de reforma.
Críticas al nuevo modelo europeo
La nueva estructura planteada por Bruselas propone la fusión de los fondos FEAGA y FEADER dentro de un fondo multisectorial en el que cada Estado miembro definirá sus prioridades nacionales. Esta medida, según González Corral, rompe el carácter común de la PAC y abre la puerta a una competencia desigual entre agricultores europeos.
“La PAC perdería autonomía y relevancia estratégica, quedando subordinada a decisiones nacionales. No podemos permitirlo”, aseguró.
Amenaza al modelo profesional de agricultura
Uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta es la degresividad de las ayudas, que impone una reducción progresiva a partir de los 20.000 euros, así como un límite máximo por beneficiario. Estas medidas, según la Junta, perjudican directamente al agricultor profesional, que necesita estabilidad financiera para sostener explotaciones modernas y productivas.
También se alerta del riesgo para las políticas de desarrollo rural, que podrían quedar desfinanciadas al desaparecer los fondos específicos. Las inversiones en zonas rurales serían más vulnerables, dificultando la fijación de población y el relevo generacional.
Exigencia de una conferencia sectorial urgente
Ante esta situación, Castilla y León y otras comunidades autónomas han solicitado la convocatoria urgente de una conferencia sectorial presencial con el Ministerio de Agricultura, con el fin de fijar una posición firme de España ante Europa.
Además, la Consejería aprovechará la presencia de la Comunidad este semestre en el Consejo de Agricultura de la UE para buscar alianzas con otras regiones europeas y promover los cambios necesarios en el texto de la reforma.
“Desde Castilla y León no aceptamos una PAC que perjudique al campo profesional. Vamos a defender nuestros intereses con firmeza”, concluyó González Corral.
