La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia ha recibido la notificación de la sentencia de 22 de octubre de 2020 que declara la constitucionalidad de la última modificación efectuada en marzo de 2019 en la Ley de Caza de la Comunidad de Castilla y León, recurso que fue interpuesto por el Defensor del Pueblo.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente muestra su satisfacción porque el Tribunal Constitucional respalde el instrumento legal que posibilita la caza hasta tanto se tramita y apruebe la nueva Ley cuyo Proyecto ultima. Según el Director de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González Gago, con esta sentencia se avanza tanto en la garantía de la práctica de esta actividad como en la mayor protección de la fauna silvestre.
Además, desde el punto de vista humano, para comprender la importancia de la caza en Castilla y León, basta con recordar que este deporte es practicado por más de 125.000 cazadores, y que lo realizan sobre unos 5.500 cotos privados de caza.
Recoge expresamente el Alto Tribunal, reproduciendo la exposición de motivos de la norma, que en Castilla y León más del 88% de su superficie son terrenos cinegéticos, y que la mayor parte de los mismos, en torno a 78.000 Kms. cuadrados, están constituidos bajo la figura de cotos privados de caza.
Expresa además que la actividad cinegética se ha demostrado en los últimos años como la herramienta de gestión y control más eficaz de las poblaciones de ungulados silvestres, jabalíes o conejos, que permite reducir los daños ocasionados por esta fauna silvestre sobre los cultivos, la ganadería, los accidentes de tráfico, y evitar posibles epizootias y zoonosis.
También se destaca que las zonas rurales de Castilla y León, especialmente las menos industrializadas o pobladas, son las más vinculadas a la actividad económica derivada de la caza, hasta el punto de que los ingresos obtenidos de la misma constituyen su principal fuente de riqueza, y contribuyen, por tanto, a evitar la despoblación del medio rural.
