Cristiana, vecina de Benavente con movilidad reducida, ha vivido semanas de auténtica incertidumbre: tras el corte de electricidad en las zonas comunes de su edificio, el ascensor dejó de funcionar el 31 de diciembre, dejándola prácticamente confinada en su piso. Esta situación afectaba también a otra vecina del mismo bloque que utiliza silla de ruedas eléctrica, generando serias dificultades para su día a día y sus citas médicas. Este lunes, la electricidad de los rellanos y zonas comunes fue restablecida, lo que permitirá a Cristiana retomar cierta autonomía y acudir a sus visitas médicas pendientes.
Los problemas comenzaron tras la compra del edificio por un fondo de inversión, que coincidió con la paralización de los ascensores y fallos en la iluminación de los rellanos, provocando incluso accidentes entre vecinos. Cristiana, que vive en un cuarto piso y tiene reconocida una discapacidad del 49 %, sufrió secuelas irreversibles tras una operación en 2024 y depende de muletas, andador y silla de ruedas para desplazarse.
A la dificultad de movilidad se suma la incertidumbre jurídica: la vecina ha recibido notificaciones de desahucio, a pesar de tener su contrato de alquiler vigente desde agosto de 2024 y haber abonado la renta puntualmente. Su abogado presentó la demanda ante el Juzgado de Benavente, que ha concedido cinco días a la nueva empresa para realizar sus alegaciones, manteniendo la tensión sobre el futuro de Cristiana.
A pesar de que el restablecimiento de la electricidad en las zonas comunes le permite por fin salir de su piso y recuperar parte de su autonomía, Cristiana sigue viviendo con la preocupación del desahucio. La espera de las alegaciones de la nueva empresa y la próxima resolución judicial mantienen la incertidumbre sobre su hogar, recordando la vulnerabilidad de las personas con movilidad reducida ante cambios en la propiedad y problemas de accesibilidad que pueden afectar de manera profunda su vida diaria.
