El Ayuntamiento de Benavente ha obtenido una victoria judicial clave tras la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Zamora. El fallo obliga a la devolución de 16.343,43 euros, más intereses, por cantidades percibidas indebidamente en un contrato de relevo.
Una sentencia favorable para las arcas municipales
El conflicto jurídico se originó tras detectar que se habían abonado salarios sin la correspondiente prestación efectiva de servicios. Según la resolución, la trabajadora implicada no cumplió con el periodo de trabajo pactado en su jubilación parcial.
El tribunal estima íntegramente la demanda del Consistorio, subrayando que la baja voluntaria anticipada rompió el equilibrio del contrato. Al no completarse la jornada laboral comprometida, el cobro de dichas cantidades carece de justificación legal.
Claves del fallo: El fin de los cobros indebidos
La sentencia es especialmente relevante porque analiza a fondo el régimen de la jubilación parcial y el contrato de relevo. Estos son los puntos principales destacados por el juez:
- Principio de reciprocidad: No puede existir salario si no hay un trabajo efectivo que lo respalde.
- Buena fe contractual: La justicia rechaza prácticas que generen resultados injustos para la administración pública.
- Sin prescripción: El juzgado desestima los argumentos de la defensa, validando que el Ayuntamiento actuó en tiempo y forma tras conocerse la baja.
El Ayuntamiento de Benavente refuerza su seguridad jurídica
Desde el equipo de Gobierno local se ha valorado de forma muy positiva este fallo. Consideran que la resolución no solo recupera dinero público, sino que avala la gestión municipal y el rigor en los expedientes administrativos previos.
Esta decisión del Juzgado de Zamora marca un precedente importante para el Ayuntamiento de Benavente en futuros procesos laborales, asegurando que los contratos de relevo se cumplan estrictamente según la normativa vigente del Ministerio de Trabajo.
Posible recurso ante el TSJ
A pesar del éxito inicial, la sentencia no es firme. La parte demandada tiene la opción de interponer un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. No obstante, el fundamento jurídico actual es sólido y refuerza la postura de la administración benaventana.
