La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha calificado de “inaceptable” la respuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante la supresión de paradas y cambios en los horarios de los trenes de Alta Velocidad en Sanabria. La formación denuncia que esta decisión evidencia una política de abandono del mundo rural, donde se prioriza la rentabilidad sobre el servicio público.
En una contestación fechada el 15 de julio de 2025, enviada tras la solicitud formal de explicaciones por parte de UPL, el Ministerio trasladó la responsabilidad a Renfe Viajeros. Según UPL, esta respuesta es otra muestra más de la mercantilización del transporte ferroviario y la falta de compromiso con las zonas despobladas como Sanabria y Zamora.
“El tren no es un negocio, es un derecho”
Desde UPL recuerdan que el transporte público es un servicio esencial, no un lujo. Critican duramente que, después de expropiar terrenos “por el bien común” para construir la línea del AVE, ahora se niegue a esa misma población el derecho a utilizarla.
El Ministerio justifica su decisión alegando que los servicios de AVE, Avlo y Larga Distancia no reciben subvenciones y deben ajustarse a criterios de eficiencia económica. Sin embargo, UPL lo rechaza con rotundidad. “La rentabilidad no puede ser el único criterio para una empresa pública”, insisten.
Riesgo para servicios básicos en Sanabria
La eliminación de paradas del AVE ya ha provocado consecuencias reales. Sanitarios y docentes han tenido que renunciar a sus puestos en la comarca por la falta de transporte. Esto compromete la atención médica y educativa, y agrava el aislamiento de la población rural.
UPL denuncia que estas políticas no buscan redistribuir la riqueza ni garantizar igualdad territorial, sino recortar donde más se necesita. Para la formación, se está favoreciendo a los grandes nodos urbanos en perjuicio de comarcas enteras como Sanabria.
Acusan al Gobierno de priorizar la privatización
La formación leonesista advierte que el Ejecutivo parece más preocupado por lo que puede privatizarse, que por defender lo que debe seguir siendo público.
“Si Renfe no quiere operar como empresa pública, que el Ministerio lo diga claramente”, afirman.
UPL compara esta situación con otros servicios esenciales: “¿Dejaríamos sin Guardia Civil una carretera porque no recauda suficientes multas?”, ironizan.
Llamamiento a la responsabilidad institucional
UPL exige al Gobierno y a Renfe que reviertan esta decisión de forma inmediata. Piden que se garantice la movilidad, la equidad territorial y el acceso a servicios básicos para toda la ciudadanía, independientemente de dónde viva.
“El servicio público debe prevalecer sobre el interés comercial. Si la empresa privada no llega, ahí debe estar el Estado con más fuerza”, concluyen.
