Durante la pasada semana los distintos grupos locales de Amnistía Internacional de Castilla y León han realizado actos de diversa índole para solicitar, tanto a instituciones como a nivel individual, apoyo a la campaña global de Amnistía Internacional ‘Un pinchazo justo: Acceso universal a las vacunas contra la COVID-19’, en la que se pide a las empresas farmacéuticas que compartan sus conocimientos y tecnología para elevar al máximo el número de dosis de vacunas disponibles en todo el planeta.
Asimismo, se pide a los estados que dejen de practicar el “nacionalismo de las vacunas” y trabajen conjuntamente para garantizar el acceso inmediato, en todos los países, a las vacunas de las personas más expuestas a contagiarse de COVID-19.
Las actividades presenciales comenzaron el sábado 15 de mayo y han continuado hasta este fin de semana. A nivel institucional y en redes sociales se sigue trabajando en la campaña de varias formas, ya que es una campaña de larga duración.
En Zamora, el viernes, 21 de mayo, se realizó una concentración frente al centro de vacunación Ramos Carrión. El grupo local ha presentado mociones en los ayuntamientos de Toro y Zamora, y está difundiendo la campaña a través de redes sociales y entre personas destacadas del ámbito científico y colegios profesionales.
Para esta campaña ‘#UnPinchazoJusto’ Amnistía Internacional cuenta con el apoyo de otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Oxfam Intermon, empresas y colegios profesionales, quienes se adhieren a su manifiesto y a acciones, como la presentación de mociones en ayuntamientos y diputaciones; mociones de apoyo a la campaña como forma de presión al Gobierno Español para que promueva a nivel mundial el acceso universal a la vacuna.
Los países ricos han comprado la mayor parte del suministro de vacunas del mundo, aunque representan sólo el 16% de la población mundial. A principios de abril, los países de ingresos elevados o medio-altos habían administrado más del 87% de los 700 millones de dosis administradas en el mundo, mientras que los de ingresos bajos sólo habían aplicado el 0,2%. Una decena de países no han vacunado todavía ni a una sola persona.
“No se debe negar a nadie el acceso a la atención de la salud —incluidas las vacunas— por el lugar en el que vive, por su identidad, su género o por su nivel de ingresos. Si se ejerce suficiente presión sobre quienes toman las decisiones, podemos conseguir que los sistemas de vacunación contra la COVID-19 garanticen los derechos humanos”, ha afirmado Maribel Tellado, responsable de la campaña en España. Para conseguir estos objetivos está disponible una ciberacción, que lleva recogidas más de 11.000 firmas y ha organizado actos reivindicativos en toda España.
