Carlos Fernández Carriedo ha valorado el Consejo de Política Fiscal y Financiera exigiendo al Gobierno la retirada del modelo actual para iniciar una negociación justa. El portavoz de la Junta de Castilla y León defiende que las decisiones sobre financiación deben alcanzarse en condiciones de estricta igualdad entre todas las comunidades autónomas.
El representante castellano y leonés propone evaluar el coste real que supone prestar atención ciudadana. Carriedo ha puesto sobre la mesa que actores clave como el envejecimiento, la extensión del territorio y la dispersión poblacional determinan el gasto en sanidad, educación y servicios sociales.
Sin embargo, el sistema planteado por el Ejecutivo central prioriza la recaudación de impuestos de cada territorio sobre las necesidades reales de sus habitantes. Esta estructura otorga mayores recursos a las autonomías con más capacidad tributaria, rompiendo el principio constitucional de solidaridad e igualdad.
Desde la Junta argumentan que la propuesta actual fomenta la desigualdad territorial al primar los ingresos sobre la prestación de servicios esenciales. Según la valoración autonómica, este planteamiento beneficia principalmente a las pretensiones separatistas mientras perjudica directamente al resto del país. Por su parte, la Junta mantendrá su posición firme en defensa de los servicios públicos esenciales para garantizar la equidad entre todos los ciudadanos.
