La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 58 años como presunto autor de un delito de maltrato animal doméstico, tras localizar en una finca de la comarca del Arlanza a una mastina con graves lesiones en el cuello.
La actuación se inició después de que efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), recibieran una comunicación de la Central Operativa de Servicios (COS) que alertaba de la posible existencia de un can en mal estado. Hasta el lugar también se desplazaron patrullas de Seguridad Ciudadana del Puesto de Lerma para comprobar los hechos y prestar apoyo.
Una vez en la propiedad, los agentes observaron que el animal permanecía atado al tronco de un árbol mediante una cadena de aproximadamente tres metros de longitud y, al aproximarse, advirtieron una abundante concentración de moscas alrededor de su cráneo.
Tras apartar el pelo que cubría la zona, comprobaron que el collar metálico se encontraba extremadamente ajustado, dejando únicamente el espacio imprescindible para permitir la respiración.
La presión continuada durante aproximadamente una semana, sin haber sido liberada de su atadura en ningún momento, había provocado una laceración que afectaba a la práctica totalidad del perímetro cervical, con varios eslabones parcialmente incrustados en su piel.
Hechas las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos, los investigadores descubrieron que no era la primera herida de características similares que había sufrido en el pasado y, a su vez, que el responsable era conocedor de su deplorable estado, aunque no había solicitado asistencia veterinaria al considerar que las llagas cicatrizarían por sí solas.
Ante la gravedad de la situación, los agentes contactaron con el veterinario de guardia de la Junta de Castilla y León, que se desplazó hasta la finca para examinar a la perra y valorar su estado.
Tras la exploración, su dueño intentó abrir el mecanismo de cierre, pero este no funcionó correctamente debido a su avanzado estado de deterioro. Además, la excesiva presión del collar provocaba evidentes muestras de dolor ante cualquier intento de extracción. Por ello, se determinó que debía retirarse en un centro veterinario mediante los medios adecuados, con el fin de evitarle un mayor sufrimiento.
Por otra parte, la lectura del microchip y la consulta al Registro de Identificación de Animales de Compañía permitieron comprobar que la perra seguía inscrita a nombre de una persona distinta del hombre que se identificó como responsable del animal, quien lo había adquirido hacía aproximadamente cinco años sin efectuar el correspondiente cambio de titularidad en el registro.
Por todo ello, los miembros del Instituto Armado han confeccionado las correspondientes diligencias, que ya han sido puestas, junto con el presunto responsable, a disposición de los Juzgados de Burgos. Paralelamente, los hechos han sido puestos en conocimiento de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para que valore la posible existencia de infracciones administrativas.
