El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha presentado una moción conjunta —con el objetivo de sumar al resto de grupos políticos para su aprobación por unanimidad en el próximo Pleno— en la que reclama a la Junta de Castilla y León que revoque o no tramite como Proyecto Regional el macrocentro de datos proyectado en Monfarracinos. La iniciativa municipal exige que cualquier avance de este complejo se someta a los procedimientos ordinarios y a una evaluación rigurosa del impacto territorial, ambiental y socioeconómico que causará en la comarca.
En una comparecencia pública celebrada hoy junto al concejal de Promoción Económica, David Gago, y el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, explicó que las alegaciones al proyecto avanzan por dos vías. Mientras que la fase de la licencia ambiental (de carácter predominantemente técnico) ya ha finalizado, el plazo para alegar contra la declaración de Proyecto Regional sigue abierto.
Un modelo «sobredimensionado» y con impacto agrícola y ambiental
Guarido quiso matizar que el equipo de gobierno no está en contra de los centros de datos como infraestructura tecnológica, sino de las dimensiones desproporcionadas del proyecto hiperescalar planteado en Monfarracinos.
Según el regidor zamorano, la instalación afectará a nada menos que el 10% del territorio agrícola de los municipios de Aspariegos, Villalube, Monfarracinos, Molacillos y Benegiles, e incluirá 24 instalaciones térmicas con chimeneas de hasta 30 metros de altura. «Se trata de un modelo sobredimensionado que podría haberse planteado a una escala mucho menor, en consonancia con otros ejemplos existentes en España», advirtió.
Los promotores de la moción denuncian que la Junta de Castilla y León vulnera la Ley de Ordenación del Territorio al confundir el interés comercial de un promotor privado con el interés general de la ciudadanía, sin justificar de forma clara los beneficios que aportará al desarrollo regional.
Asimismo, alertan sobre las graves consecuencias que esta infraestructura generará en la zona:
- Impacto en recursos naturales: En su comunicado el consistorio avisa de un compromiso irreversible de grandes volúmenes de agua y suelo agrícola en una provincia eminentemente rural, además de un elevadísimo consumo energético.
- Molestias a los vecinos: Incremento del ruido urbano/rural y aumento del tráfico pesado en las localidades afectadas.
- Perjuicio económico para los ayuntamientos: Avisan que al tramitarse como Proyecto Regional, la instalación queda exenta del pago de tributos locales esenciales como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Los responsables municipales estiman esta pérdida de ingresos para las arcas locales en unos 200 millones de euros.
- Dudas sobre el empleo: Tienen dudas sobre la creación real de empleo local estable frente a puestos temporales de obra o empleos basados en teletrabajo fuera de la provincia.
Acuerdos que se someterán al Pleno
La moción que se debatirá en el Pleno municipal solicita formalmente a la administración autonómica los siguientes puntos:
- Rechazo a la vía extraordinaria: Instar a la Junta a no aprobar la tramitación como Proyecto Regional al no estar acreditado el interés general ni la necesidad excepcional.
- Vía ordinaria y evaluación integral: Reclamar que el proyecto siga el procedimiento legal ordinario y se someta a una evaluación ambiental acumulativa que analice de forma conjunta el consumo de agua, energía, emisiones, ruido y riesgos industriales en toda la comarca.
- Estudios reales de empleo: Exigir datos verificables y desglosados sobre los puestos de trabajo temporales y permanentes que se crearán, salarios, contratación local e ingresos públicos asociados.
- Transparencia total: Garantizar la máxima transparencia y el acceso público de la ciudadanía a toda la documentación técnica y ambiental de la propuesta.
