La Junta lleva a los tribunales la batalla para acabar con el peaje de la AP-66

Castilla y León inicia los trámites para impugnar la ampliación de la concesión de la AP-66 hasta 2050 y conseguir la eliminación definitiva del peaje entre León y Asturias.

La Junta de Castilla y León ha dado un paso para intentar acabar con el peaje de la autopista AP-66, que conecta León y Asturias. El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial a emprender las acciones administrativas y judiciales necesarias contra el Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo, que modificó las condiciones de la concesión de la autopista León-Campomanes.

El primer paso será solicitar una revisión de oficio de aquella norma, antes de acudir, en su caso, a los tribunales. El objetivo del Ejecutivo autonómico es lograr la eliminación definitiva del pago por utilizar esta vía, cuya concesión se extiende actualmente hasta 2050.

¿Por qué cuestiona la Junta la concesión de la AP-66?

La Junta considera que la modificación aprobada en 2000 introdujo cambios sustanciales tanto en el equilibrio económico-financiero del contrato como en su duración. A juicio del Gobierno autonómico, esa alteración equivalió, en la práctica, a una nueva concesión sin un procedimiento de licitación pública, lo que considera contrario a los principios europeos de transparencia, concurrencia e igualdad.

Esos argumentos constituyen la posición jurídica defendida por la Junta y deberán ser examinados por los órganos administrativos y judiciales competentes. La autorización del Consejo de Gobierno no supone que la prórroga haya sido anulada ni que el peaje vaya a desaparecer de manera inmediata.

Una vía clave entre León y Asturias

El Ejecutivo autonómico sostiene que mantener los peajes hasta 2050 supone un obstáculo para la movilidad cotidiana, el transporte de mercancías y la competitividad empresarial, especialmente para quienes utilizan el corredor de forma recurrente por motivos laborales o comerciales.

El acuerdo se enmarca en las medidas que defiende la Junta para reducir o eliminar peajes en carreteras de la Comunidad. Por ahora, las condiciones de uso y pago de la AP-66 no cambian: el procedimiento anunciado abre una vía de revisión administrativa que podría continuar en los tribunales.

La información oficial sobre la red y sus incidencias puede consultarse en la Dirección General de Tráfico.

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