La Junta da luz verde ambiental a una macroplanta de biometano que tratará 198.000 toneladas al año en Zamora

La planta de biometano de Villardondiego supera la evaluación ambiental, pero aún necesita autorizaciones. El proyecto prevé tratar 198.000 toneladas anuales.

La Junta de Castilla y León ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable para la planta de biometano proyectada en Villardondiego (Zamora), una instalación que podría tratar hasta 198.000 toneladas de residuos orgánicos al año. La resolución, publicada este lunes 9 de noviembre en el Boletín Oficial de Castilla y León, supone un avance en la tramitación del proyecto, pero no autoriza todavía su construcción ni su puesta en funcionamiento.

La instalación está promovida por Biorig Energy Villardondiego-Zamora, S. L. y se proyecta en el paraje de Las Hierbas. El complejo ocuparía unos 66.767 metros cuadrados dentro de una parcela de 78.316 metros cuadrados.

Más de diez millones de metros cúbicos de biometano al año

La documentación del proyecto contempla el tratamiento de unas 151.000 toneladas de estiércoles y otros residuos ganaderos y 47.000 toneladas de residuos vegetales. Con estas materias primas se prevé producir alrededor de 10 millones de metros cúbicos de biometano al año, además de fertilizante orgánico procedente del proceso.

Condiciones para proteger el agua y reducir los olores

La declaración ambiental establece medidas preventivas y correctoras. Entre ellas figuran la impermeabilización de las áreas donde se reciben y manipulan los residuos, sistemas para recoger posibles vertidos y depósitos estancos para el digestato. Estas exigencias tienen especial relevancia por la proximidad del arroyo de Adalia.

La resolución también obliga a reducir los tiempos de almacenamiento de los residuos y mantener los sistemas de tratamiento de olores. Durante el primer año de funcionamiento deberá realizarse un estudio específico de olores para evaluar la eficacia de las medidas implantadas.

La oposición vecinal mantiene sus reparos

El proyecto ha suscitado alegaciones y rechazo de colectivos vecinales y ecologistas, preocupados por las posibles afecciones al agua, el paisaje, los olores y las actividades económicas del entorno. La declaración favorable no elimina estas preocupaciones ni exime a la promotora de cumplir las condiciones impuestas.

Tras este trámite ambiental, la empresa deberá obtener las autorizaciones administrativas y sectoriales que correspondan antes de poder ejecutar y poner en marcha la instalación.

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