El Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que intervenga ante la posible difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok y ha planteado incluso la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España si se considera necesario para proteger a los menores.
La iniciativa parte de una investigación que ha detectado más de 1.000 vídeos con contenido de abuso sexual infantil, con más de 48 millones de visualizaciones, así como miles de perfiles que presuntamente intercambian o comercializan este tipo de material. El Gobierno considera necesario examinar la eficacia de los mecanismos de prevención y retirada de contenidos de la red social.
El Gobierno pide la intervención de la Fiscalía
El departamento dirigido por Sira Rego ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que, en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección de los niños y adolescentes que puedan estar afectados.
Entre las opciones planteadas figura la suspensión temporal de los servicios de TikTok en España, aunque no se ha decretado ningún cierre ni bloqueo. Se trata de una posibilidad sometida a la valoración de las autoridades competentes, no de una decisión ya adoptada.
Más de mil vídeos y millones de visualizaciones
La investigación identificó más de 20.000 perfiles de posibles pederastas, de los que más de 7.000 operaban en español. También documentó 780 cuentas que supuestamente buscaban compradores de material de abuso sexual infantil y 91 retransmisiones en directo de menores en 17 países en las que algunos usuarios solicitaban comportamientos inapropiados a cambio de dinero.
En una muestra de 50 vídeos denunciados mediante los mecanismos de moderación de la plataforma, solo cinco fueron eliminados y otros trece quedaron restringidos para usuarios de España. Transcurridas 72 horas, el 40 % de las cuentas responsables de las publicaciones denunciadas seguían activas.
La protección de los menores en las redes sociales
El caso vuelve a situar en el centro del debate la responsabilidad de las grandes plataformas digitales a la hora de detectar, retirar y prevenir la difusión de material ilícito. La legislación europea exige medidas de reducción de riesgos y una actuación diligente ante contenidos ilegales, especialmente cuando afectan a menores.
Las familias pueden reforzar la seguridad de los dispositivos y las cuentas de sus hijos mediante controles parentales, configuraciones de privacidad y conversaciones sobre los riesgos de compartir imágenes o participar en directos. Ante indicios de explotación sexual infantil, lo adecuado es denunciar el contenido a las autoridades y evitar descargarlo, conservarlo o difundirlo.
