Más del millar de tractores se concentraron esta mañana en las inmediaciones del estadio José Zorrilla de la capital vallisoletana. Los agricultores y ganaderos convocados por las organizaciones profesionales agrarias, Coag, Asaja, Upa y Uccl, llevaron a cabo este miércoles una manifestación reclamando precios justos para sus productos y una modificación de la PAC que haga más flexibles las exigencias medioambientales. Al mismo tiempo las organizaciones profesionales agrarias y los agricultores y ganaderos han hecho un llamamiento a la unidad de acción ante el «momento clave» que atraviesa el sector.
La Policía Nacional estima una participación de 1.000 tractores y alrededor de 350 personas a pie. El recorrido se ha desarrollado sin incidentes más allá de las complicaciones al tráfico derivadas de los cortes para permitir el paso de la manifestación, refieren desde la Delegación del Gobierno. En la sede de la Administración del Estado en la Comunidad, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y el subdelegado en Valladolid, Jacinto Canales, han recogido de manos de los representantes agrarios un manifiesto que ha sido registrado.
Para los agricultores y ganaderos el sector agrario en España está sumido en una frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE. Así también, los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa.
Por ello se reclama una flexibilización y simplificación de la actual PAC, esto incluye tanto los eco esquemas como las BCAM. La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.
Así mismo se pide la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. La AICA – Agencia de Información y Control Alimentario – debería de aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.
Además, en el ámbito de sus competencias, a la Comunidad Autónoma se le demanda reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo. Los ganaderos también están atravesando una situación crítica por cuestiones como la sanidad animal, en particular con la EHE.
Se solicita también un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático.
A nivel de Gobierno y Comunidades Autónomas también se exigirá:
– Frenar la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario.
– Facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor.
– Debe replantearse la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.
