Asaja de Castilla y León ha salido al paso de las críticas vertidas por grupos ecologistas y formaciones políticas contra la Junta de Castilla y León tras autorizar el pastoreo y la caza en montes quemados. Para la organización, el levantamiento del acotamiento —que habitualmente es de cinco años— es una «necesidad imperiosa» para evitar el abandono de las explotaciones ganaderas en las zonas rurales más castigadas por el fuego.
El fin de la «penalización genérica» al ganadero
La normativa actual establece un periodo de cinco años sin aprovechamiento pastoril para desincentivar incendios intencionados. Sin embargo, desde Asaja subrayan que los grandes incendios del pasado verano no fueron provocados por ganaderos, por lo que mantener el acotamiento carece de sentido.
«Obligar a los ganaderos a no usar estos pastos tras una regeneración natural favorable es condenarlos a deshacerse de su actividad», afirman desde la OPA en un comunicado recogido por Europa Press. La organización destaca que las condiciones meteorológicas de este otoño e invierno han permitido una recuperación óptima del terreno, avalada por los informes técnicos de la Consejería de Medio Ambiente.
Caza y control de especies en la comarca
El respaldo de Asaja también se extiende a la actividad cinegética. La organización considera vital el control de las poblaciones de caza mayor por varios motivos que afectan directamente a la Comarca:
- Daños en cultivos: La sobrepoblación de especies tras los incendios está afectando negativamente a las siembras y prados.
- Sanidad animal: Estos animales actúan como vehículos de enfermedades infectocontagiosas que pueden saltar al ganado doméstico.
- Seguridad: Reducir las poblaciones de caza mayor es clave para el equilibrio medioambiental y la seguridad en las carreteras.
Un dardo a los colectivos conservacionistas
La organización agraria ha mostrado su dureza contra quienes han recurrido esta medida, acusándoles de actuar por «interés político» y no ambiental. Reprochan que estos grupos no participan en las labores de extinción ni en la limpieza de montes, tareas que sí realizan habitualmente agricultores y ganaderos.
Con esta decisión, la administración autonómica cumple el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco de permitir el uso de estos pastos en 2026. Desde la organización piden «empatía» hacia un sector que es el verdadero sostén económico de nuestros pueblos.
