Los empleados públicos de toda España, y especialmente de Castilla y León, alertan sobre la crisis de plantillas y la pérdida de poder adquisitivo que afecta a organismos clave como el INSS, la Tesorería General, la Agencia Tributaria, el SEPE, las instituciones penitenciarias y las subdelegaciones del Gobierno.
Juan Carlos González, presidente del sector de la Administración General del Estado (AGE) en Castilla y León, explicó que la reducción de personal ha sido constante y que la atención a los ciudadanos se ve afectada. Según González, “tenemos reducción de plantillas en todos los organismos… todos los ciudadanos tienen que ser atendidos por trabajadores de la Administración General del Estado. También queremos reivindicar una pérdida de poder adquisitivo constante en los últimos 20 años… en los últimos 15 años tenemos una pérdida de poder adquisitivo de un 20%”.
El dirigente destacó que, frente a la creciente carga de trabajo, es necesario garantizar los trabajadores suficientes para poder realizar correctamente sus tareas, superando los límites del actual índice de reposición.
Por su parte, Milagros Dorronzoro, secretaria nacional de negociación de CSIF, denunció que el Gobierno bloquea la negociación colectiva, impidiendo que los empleados públicos reciban la subida salarial correspondiente al 2025, mientras el resto de los españoles sí la perciben.
Dorronzoro recordó que estos trabajadores gestionan prestaciones vitales, subsidios de desempleo, servicios educativos, sanitarios y de seguridad, y que la pérdida de poder adquisitivo desde 2010 supera ya el 20%. En sus palabras, “partiríamos de la base de lo que ha subido el IPC más un tanto porciento a negociar de acuerdo con las diferentes circunstancias para empezar a recuperar esa pérdida de poder adquisitivo”.
Ante esta situación, CSIF y otros sindicatos han convocado concentraciones el 30 de octubre en todas las subdelegaciones de Gobierno de Castilla y León. Entre sus demandas destacan la equiparación salarial con otras comunidades autónomas, la eliminación de la tasa de reposición, mejoras en la jubilación parcial anticipada y medidas que garanticen empleo público de calidad.
Los sindicatos advierten que, si no se produce una negociación efectiva, podrían convocar manifestaciones y huelgas a finales de año para defender los derechos de los empleados y la calidad del servicio público.
Este conflicto pone de relieve la necesidad de invertir en los servicios públicos y en sus trabajadores, asegurando que los ciudadanos puedan recibir una atención eficiente mientras los empleados públicos recuperan su poder adquisitivo y estabilidad laboral.
