
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha presentado a la Consejería de Sanidad una propuesta para mejorar las retribuciones y condiciones laborales del personal de Sacyl, con un coste directo estimado de 81,2 millones de euros anuales.
El sindicato defiende que la medida ayudaría a atraer y retener profesionales sanitarios, especialmente en las zonas rurales y de difícil cobertura. La cantidad es una estimación de la propuesta sindical, no una inversión aprobada ni comprometida por la Junta.
Subidas en el precio de las guardias y complementos salariales
Entre las reivindicaciones figura actualizar el pago de las guardias de los facultativos hasta un mínimo de 35,29 euros por hora laborable, 37,50 euros en fines de semana y festivos y 75 euros en fechas especiales. Para determinadas categorías de Enfermería de Atención Primaria, SUAP y Emergencias, la propuesta contempla importes de 22,15, 25,50 y 47 euros, respectivamente.
CSIF estima que esta mejora de la atención continuada representaría 37,48 millones anuales y pide también elevar en 1.400 euros al año el complemento específico de Enfermería de base y en 2.100 euros el de determinadas supervisoras, jefaturas de Enfermería, odontólogos y farmacéuticos.
Equiparación de categorías y atención al medio rural
La propuesta también incluye la equiparación retributiva de técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería y técnicos de Farmacia con el subgrupo C1, la de técnicos superiores con el grupo B y mejoras para celadores. El sindicato pide reconocer las guardias localizadas, compensar correctamente los excesos voluntarios de jornada y revisar turnos, permisos y condiciones de residentes y tutores.
Según sus cálculos, los 81,2 millones equivaldrían al 1,6 % del presupuesto total de la Gerencia Regional de Salud. Enrique Vega, presidente autonómico del sector Sanidad de CSIF, reclama que la propuesta se debata en la Mesa Sectorial con una memoria económica y un calendario de aplicación.
El sindicato vincula estas medidas con la necesidad de mantener los profesionales sanitarios en Castilla y León y de evitar que los problemas de personal repercutan en la calidad de la atención.






