Tal y como se informó en el día de ayer en Benavente Digital y Televisión Benavente, el Ayuntamiento de Benavente instaló cámaras de video vigilancia en espacios públicos de la ciudad a pesar de haberle sido denegada la autorización por parte de la Delegación del Gobierno de Castilla y León.
En 2019, el Ayuntamiento comunicó en su web municipal, la instalación de estas cámaras “para evitar, perseguir y castigar los destrozos del mobiliario urbano”. Información que también ofrecieron en rueda de prensa la concejala de Urbanismo y el concejal de Medio Ambiente en la zona donde se instalaron dichas cámaras, anunciando que estaban a la espera de los permisos y que se colocarían también en el resto de parques de la ciudad.
Al mismo tiempo el Ayuntamiento aprobó, en los presupuestos del 2019, el gasto de 12.000 euros en el capítulo de inversiones, para la adquisición de este tipo de cámaras.
La resolución desestimatoria, denegándose la autorización por parte de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia hasta en dos ocasiones, dio al traste con las pretensiones del Ayuntamiento de Benavente, que se precipitó adquiriendo y colocando los sistemas en un parque infantil, antes de obtener los permisos necesarios.
El Ayuntamiento anunció en su día que dichas cámaras estarían “controladas de forma permanente” y que las cámaras “se controlarían desde el cuartel”, algo que no ha sucedido.
Recientemente se ha conocido que se han producido nuevos destrozos en el parque infantil de la Mota, como consecuencia de la falta de vigilancia, a pesar de que en octubre del pasado año, el propio concejal de Medio Ambiente, Manuel Burón, notificase por escrito al concejal de Seguridad, Fernando Marcos, que “la labor de vigilancia y control de los espacios públicos de nuestra ciudad no es suficiente”.
