El estado de conservación del lobo ibérico ha desatado un nuevo conflicto administrativo y judicial a gran escala. La Junta de Castilla y León, junto a otras 13 administraciones autonómicas, iniciará acciones legales contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
La decisión llega tras expirar de forma holgada el plazo legal que el Ministerio tenía para remitir a la Comisión Europea los informes sexenales obligatorios. Estos documentos evalúan el estado de protección del lobo ibérico y otras especies de interés comunitario entre los años 2019 y 2024.
La inacción del Gobierno central ya ha provocado que Bruselas abra un procedimiento sancionador contra España. Pese a la gravedad de la sanción internacional, el Ejecutivo sigue sin convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para validar el documento técnico.
Incumplimiento del reglamento interno
Las autonomías denuncian que se ha vulnerado el reglamento de la Conferencia Sectorial. La normativa interna obliga a convocar de urgencia este órgano si lo solicita un tercio de los miembros, una condición que se cumplió formalmente el pasado 5 de mayo.
Discrepancias técnicas y acusaciones de subjetividad
Las comunidades consideran injustificadas las prórrogas y los argumentos del MITERD, que aludió a los incendios forestales y a trámites de exposición pública no obligatorios. Además, rechazan firmemente el criterio del Ministerio de exigir 500 manadas de lobos para declarar un estado de conservación favorable.
El frente autonómico califica de inaceptable que se cuestione el censo oficial de la especie, el cual estima la presencia actual en 333 manadas. Recuerdan que este muestreo fue coordinado y asumido en su origen por los propios equipos del Ministerio.
Llama la atención que en el sexenio 2007-2012, con un número menor de ejemplares, el dictamen fuera favorable y ahora se catalogue como desfavorable. Las autonomías ven detrás de este cambio una interpretación unilateral y subjetiva de la ley.
La parálisis en la entrega de los datos mantiene en vilo el marco normativo del norte peninsular. Tras confirmar la propia Comisión Europea que sigue esperando la documentación de España, la vía judicial se presenta como el único recurso de las comunidades para forzar el cumplimiento de la ley.
