El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Benavente presenta una moción para el Pleno con la que pretende que la corporación se pronuncie instando al Gobierno de España a la retirada inmediata de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ.
Que se cumpla el mandato del artículo 122 de la Constitución y tramite la modificación legal propuesta por el Partido Popular en la que se establece que los vocales del CGPJ de procedencia judicial serán elegidos directamente por los propios jueces no por la Cámaras ni los partidos políticos. Del mismo modo, instaura que las asambleas legislativas autonómicas no podrán designar vocales en los Tribunales Superiores de Justicia. Así como fomenta la imparcialidad de la Fiscalía al impedir que acceda al cargo todo aquel que haya desempañado un cargo político, o de confianza política, en los últimos 10 años. Todo ello entre otras importantes medidas para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes.
El acuerdo plenario se trasladaría al Presidente del Gobierno, al Ministro de Justicia y a los Portavoces de Grupos Políticos del Congreso y del Senado.
El argumentario del Grupo municipal del PP hace un repaso de los hechos aludiendo a que en febrero 2016, en plenas negociaciones para la formación de gobierno, Unidas Podemos remitió al PSOE el documento titulado: «Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable y con garantías», como base para la formación de un gobierno de coalición.
En ese documento se señalaba lo siguiente (Pág.95 y 96): «(…) se ha identificado una serie de responsabilidades clave en los primeros niveles jerárquicos del organigrama (del Estado), cuya especial relevancia en la ejecución de las políticas públicas que deben acordarse en un futuro Gobierno exige un consenso en la elección y selección de las personas destinadas a ocupar dichos cargos.
Estas personas deberán ser nombradas atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar».
Según ese documento, entre los cargos que el gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos nombraría por consenso (entre las formaciones políticas del gobierno) y atendiendo al grado de compromiso de los candidatos con el proyecto de dicho gobierno, se encontraban los miembros del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Fiscal General del Estado entre otros muchos.
Cuatro años después, el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha nombrado Fiscal General a la ex-ministra socialista de Justicia, Dolores Delgado y, para terminar de perpetrar su ataque a las instituciones democráticas y a la independencia judicial, el pasado 13 de octubre ha registrado una Proposición de Ley Orgánica con la que pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para, como indica el texto registrado en la Cámara Baja, la reforma del procedimiento de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al turno judicial.
En esencia, el nuevo procedimiento de elección de los vocales del CGPJ que propone el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos implica rebajar la mayoría cualificada establecida en el artículo 122.3 de la Constitución para designar a 12 de los 20 miembros del Consejo, los 12 elegidos entre los jueces, pasando de los tres quintos de las Cámaras (Congreso y Senado) a mayoría absoluta.
En definitiva,la reforma propuesta por el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos: supone un ataque frontal a la Constitución, base de nuestro Estado de derecho, y a la separación de poderes e independencia judicial que definen a toda democracia.
Además, institucionaliza el control de los jueces por parte del gobierno y vulnera el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea al romper con el compromiso democrático que exige la Unión Europea, alejándonos de los países más avanzados de Europa, inciden los Populares
Además, esta reforma ha sido presentada por los partidos políticos que sustentan al gobierno de coalición de PSOE- Unidas Podemos y no por el propio Gobierno con el único objetivo de eludir la obligatoriedad de contar con los preceptivos informes de órganos constitucionales: Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado.
Un hecho que nos demuestra que la única finalidad que persigue esta reforma no es mejorar la justicia española o favorecer una rápida renovación de los órganos judiciales, como falsariamente afirma el gobierno, sino: dinamitar los consensos y la concordia que caracterizaron la Transición española y estos 42 años de democracia y modificar nuestra Constitución por la «puerta de atrás», sin que pueda opinar el pueblo español en quién reside la soberanía nacional (Artículo 1.2 de la Constitución).
Instaura un nuevo régimen muy parecido a la dictadura bolivariana de Venezuela, ya que esta reforma copia la que, en el año 2004, realizó Hugo Chávez para hacerse con el control de los jueces venezolanos.
Por si la degradación institucional e involución democrática que representa esta reforma no fueran hechos suficientemente transcendentales, presentar esta propuesta en un momento en que se están negociando los fondos europeos de reconstrucción supone una grave irresponsabilidad.
Irresponsabilidad porque, como ha indicado la Comisión Europea, ninguna reforma de ningún país puede ir en contra de la independencia judicial. Y esta reforma hace peligrar el que nuestro país reciba esos fondos que son imprescindibles para garantizar la recuperación del empleo y de la economía española.
Así concluye el comunicado remitido desde el PP y que los populares benaventanos han registrado en el Ayuntamiento para su debate en el Pleno.
