El Procurador del Común ha instado a la Consejería de Educación a tener en cuenta la oportunidad de instaurar «de forma excepcional y provisional» la jornada continua durante este curso en los centros docentes de la comunidad autónoma de Castilla y León.
Según argumenta la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León, al margen de evidencias científicas, la jornada continua puede contribuir en estos momentos a reducir el riesgo de contagio en los centros docentes.
La institución que preside Tomás Quintana ha explicado a través de un comunicado recogido por Europa Press apela en concreto a un «dato objetivo» en referencia a que la jornada continua disminuye de forma significativa las «entradas y salidas masivas» de alumnos a los centros educativos, «con lo que ello supone de reducción de las aglomeraciones de familiares para llevar y recoger a los alumnos».
A esto añade la disminución del tiempo de permanencia del alumnado, del profesorado y del resto de personal en los centros docentes y la disminución de la demanda de los servicios de comedor y transporte escolar que implican compartir los espacios comunes destinados a los mismos así como la reducción de tiempo libre o de recreo entre las clases de mañana y tarde, entre otras circunstancias a considerar.
Por todo ello, desde la Defensoría se ha vuelto a hacer hincapié en que esta medida tendría que haber sido valorada por la Administración educativa cuando ha establecido las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
En su opinión, la Administración educativa debió haber dado a conocer los criterios por los que, al margen del procedimiento establecido con carácter ordinario para proceder al cambio de la jornada escolar, se podría haber solicitado la autorización para la implantación excepcional de la jornada continua, ante la crisis sanitaria ya que por esta vía fue autorizada la jornada escolar continua de forma excepcional durante el curso 2020/2021 en seis centros que lo habían solicitado antes del inicio del mes de octubre y tras constatar el acuerdo de las partes afectadas para que operara el cambio organizativo en el centro.
«Es más, en tanto que desde la Procuraduría se considera que la jornada escolar continua disminuye las circunstancias que favorecen la transmisión vírica, en el marco de las medidas a adoptar frente a la pandemia ocasionada por la COVID-19, la Administración educativa debería
valorar la implantación generalizada de dicho régimen para los centros educativos de Castilla y León a la vista de las circunstancias actuales, con el añadido de que ya dispone de la experiencia que proporciona el transcurso de varias semanas desde el inicio del curso escolar, y en tanto se mantengan o empeoren los parámetros que definen la evolución de la pandemia», argumenta esta institución estatutaria.
La Procuraduría ha recordado asimismo que ha recibido «numerosas quejas» desde el inicio del curso 2020-2021 en las que se pide que se establezca la jornada continua en los centros con jornada partida «de forma excepcional» hasta la finalización de la crisis sanitaria.
Según precisa esta institución, a través de estas quejas se evidenció que en algunos casos se habían producido reacciones de las propias familias y de las Asociaciones y Federaciones de Padres de Alumnos, «con o sin el apoyo, según los casos», de los titulares de los centros
privados concertados afectados para promover la implantación de la jornada continua.
En este contexto, se llevaron a cabo algunos sondeos sobre el apoyo
que tendrían las solicitudes dirigidas al establecimiento de la jornada continua en algunos centros que contaban con la jornada partida, con unos resultados favorables a la implantación temporal de la jornada continua.
Al margen de la actuación a la que dieron lugar estas quejas, la Procuraduría se había pronunciado de oficio a través de una Resolución dirigida a la Consejería de Educación el pasado 7 de septiembre en relación con el inicio del curso en la que ya se defendió que la implantación de la jornada continua en todos los centros educativos podría constituir una medida a tener en cuenta en el marco de la lucha frente a la pandemia.
El Procurador del Común argumentó entonces que esa medida contribuiría a minimizar los riesgos de contagios «sin ignorar, no obstante, que el cambio organizativo que requería el establecimiento de la jornada continua de forma temporal para los centros que tenían establecida la jornada partida podría resultar complejo, además de
tener su incidencia en la conciliación de la vida familiar y laboral de aquellos que estuvieran más adaptados a la jornada escolar partida de su centro educativo».
A estas consideraciones añadió también que, al menos en el primer cuatrimestre del curso escolar, estaban suspendidas las actividades extraescolares.
Según explica la institución estatutaria, la Consejería de Educación expresó que no existe una evidencia científica que permita considerar desde el punto de vista sanitario que la jornada continua sea más beneficiosa que la jornada partida, si bien, a juicio de la Procuraduría la cuestión debe formularse en los términos que sean más favorables para la prevención.
