El Procurador del Común tuvo que requerir en tres ocasiones al Ayuntamiento de Benavente información sobre una queja vecinal ante la falta de respuesta. Más aún, la Alta Institución de la Comunidad y ante la falta de colaboración le advirtió de incurrir en responsabilidad penal procediendo, además, a la inclusión del Ayuntamiento en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con el Procurador del Común. Un extremo éste que se haría constar en el Informe Anual a las Cortes de Castilla y León, dejando en entredicho al Ayuntamiento de Benavente.
Esta aseveración de Tomás Quintana López, en su calidad de Procurador del Común de Castilla y León, se realizaba el pasado 22 de junio, cinco días antes de renovar el Ayuntamiento la alcaldía, aunque todavía no se había constituido el actual equipo de gobierno salido de las urnas. No obstante, los hechos se deben al anterior equipo de gobierno de coalición PSOE/IU y ha tenido que ser la actual alcaldesa la que se ha visto obligada a contestar al reiterado requerimiento del Procurador del Común porque el anterior alcalde, el socialista Huerga se negó a atender los requerimientos de fechas 30 de enero, 13 de marzo y 26 de abril de 2023.
El Alto Comisionado de Castilla y León atendía en enero la queja de 150 vecinos que manifestaron con sus firmas su disconformidad con la ubicación de una actuación musical en la Plaza de la Madera debido «a los ruidos y molestias generados por un concierto de discoteca móvil que se celebró hasta altas horas
de la madrugada» el día 2 de julio del pasado año, así como la posible afección de daños al monumento que se alza en la plaza.
En los reiterados requerimientos del Procurador del Común y no contestados por el Ayuntamiento, se solicitaba copia de la autorización municipal otorgada en el año 2022, al amparo de lo previsto en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla y León, para permitir la celebración de un concierto de discoteca móvil el día 2 de julio en la Plaza de la Madera, en la que consten las condiciones impuestas para su funcionamiento.
Del mismo modo, el Procurador del Común pedía información acerca de si durante dicha actuación se formuló alguna denuncia por los agentes de la Policía Local por infracción de ruidos, horario de cierre o cualquier otra ordenanza municipal; en caso afirmativo, le advertía que se facilitase copia de las mismas, indicando la autoridad a la que, en su caso, fue remitida, y del acuerdo de incoación del expediente sancionador si fuera una cuestión de competencia municipal.
La alcaldesa, a los pocos días de ser investida como tal, tuvo que atender el requerimiento, reiteradamente incumplido por el anterior alcalde, indicándole que se adoptarían las medidas oportunas para intentar realizar las verbenas y los conciertos en otras zonas como la plaza Mayor, así como limitar los horarios para no generar molestias a los vecinos y otras medidas relativas a minimizar las molestias por los sonidos.
