La violencia de género centró por completo las intervenciones institucionales en el congreso celebrado en Zamora, donde responsables políticos y profesionales de la psicología coincidieron en la necesidad de reforzar recursos, mejorar la prevención y alertar de que ciertas actitudes de control están reapareciendo entre los más jóvenes. El mensaje general fue contundente: la lucha contra la violencia machista requiere unidad, vigilancia constante y la implicación de toda la sociedad.
La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, advirtió de que “actitudes que creíamos superadas las estamos volviendo a ver” y se dirigió especialmente a las chicas jóvenes para recordar que “no es normal que te controlen por el móvil, no es normal que te digan ‘no te pongas esa falda’, no es normal que te pregunten con quién estabas o a qué hora llegabas”. Blanco insistió en que estas conductas “no deben normalizarse porque no lo son”, subrayando que la prevención es tan importante como la atención y que todas las administraciones deben poner “todos los recursos para luchar contra la violencia machista”.
Durante su intervención, la vicepresidenta expuso el refuerzo de los recursos del modelo integral de atención de Castilla y León, que cuenta con 13 casas de acogida, 5 centros de emergencia y nuevos centros abiertos en Soria y Zamora durante esta legislatura. “Hemos duplicado las plazas con la apertura de estos dos recursos”, señaló, recordando además la existencia de centros específicos para mujeres con discapacidad, centros duales y la red de atención presencial y virtual que llega a los entornos rurales. Uno de los puntos que reiteró fue la importancia de los servicios sociales: “Son la puerta de entrada para las mujeres, para sus hijos e hijas, pero también tienen que ser la puerta de salida. Tenemos que ayudarlas a normalizar su vida, a que se sientan seguras y encuentren un empleo”.
En este sentido, destacó el programa Pencil, que cumple diez años y que ha atendido a 2.442 mujeres, de las cuales 991 eran víctimas de violencia machista. Según los datos ofrecidos, 425 han encontrado empleo y cinco se han convertido en emprendedoras que han iniciado su propio negocio. “Ese es el compromiso de la Junta: facilitarles protección, seguridad y la posibilidad real de reconstruir su vida”, afirmó.
Sobre el volumen de mujeres atendidas, Blanco adelantó algunos datos —a la espera del informe completo que se presentará la próxima semana— indicando que las casas de acogida y centros de emergencia ofrecen 236 plazas, con un nivel de rotación constante que refleja la necesidad del recurso. También detalló que el convenio con el Colegio Oficial de Psicología ha permitido atender a 1.562 personas este año, de las cuales 1.182 son mujeres, 53 son hombres y el resto menores o familiares. A estas cifras se añaden alrededor de 800 mujeres atendidas desde las corporaciones locales. Sobre la evolución, la vicepresidenta confirmó que están viendo “un incremento en las denuncias”, aunque matizó que “un aumento de denuncias no significa necesariamente un aumento de situaciones de violencia, sino que cada vez más mujeres se atreven a dar ese paso”.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también participó en el encuentro, reivindicando la importancia de la psicología en la atención a las víctimas. “Muchas mujeres sufren miedo, situaciones de terror, se sienten culpables incluso por lo que están viviendo. La ayuda psicológica es esencial”, señaló. Redondo destacó la apertura en España de 59 centros de crisis 24 horas, un recurso que considera “muy cercano y accesible” para mujeres que sufren violencia sexual o machista.
La ministra advirtió de un riesgo especialmente relevante en estas fechas: “La Navidad es un momento en el que se producen entre el 25% y el 30% de los asesinatos por violencia machista”. Según explicó, el aumento de contacto con el agresor y las dinámicas familiares pueden generar contextos de mayor vulnerabilidad. Por ello, hizo un llamamiento expreso no solo a las víctimas, sino también a su entorno: “Muchas veces las mujeres no pueden alzar la voz, pero sí su entorno. Familia, amistades y compañeros de trabajo tienen que denunciar cuando conocen estas situaciones. Hay que activar todos los mecanismos de protección para llegar a tiempo y salvar vidas”.
Redondo recordó que en los últimos años el Gobierno ha incrementado la inversión hasta alcanzar los 11,7 millones de euros, frente a los 10,2 millones anteriores, y destacó el avance legislativo en materia de violencia vicaria, que definió como “la violencia que se ejerce sobre las madres a través de sus hijos e hijas”.
El congreso, que reunió a especialistas y representantes institucionales, dejó claro que la lucha contra la violencia de género sigue siendo una prioridad compartida. La coincidencia entre administraciones fue rotunda: es imprescindible aumentar recursos, evitar la normalización de cualquier forma de control y actuar con rapidez cuando aparece una señal de alarma. Zamora, como el resto del país, continúa reforzando su red de atención y subrayando la necesidad de que toda la sociedad permanezca vigilante, especialmente en un periodo tan delicado como el que se aproxima.
