El obispo de la Diócesis de Zamora, Fernando Valera, ha firmado una serie de nombramientos destinados a reestructurar la actividad judicial e institucional. La medida busca marcar una clara diferenciación entre las tareas ejecutivas de gobierno y la administración de justicia.
Entre las decisiones principales destaca la creación de la Delegación Episcopal para la Coordinación del Tribunal Eclesiástico, Asuntos Jurídicos, Administrativos y Civiles. Esta área estará dirigida por el promotor de justicia Raúl Román Sánchez durante los próximos tres años. Su cometido garantizará la seguridad jurídica, la transparencia institucional y el cumplimiento con la legislación civil.
Renovación de la Vicaría Judicial y el Tribunal Eclesiástico
El cambio organizativo más relevante establece la separación de responsabilidades entre la Vicaría General y la Vicaría Judicial. Juan José Carbajo Cobos asume el cargo de vicario judicial en sustitución de Pedro Faúndez Mayo, quien se volcará en la Vicaría General. Esta división garantiza que ambos cargos no recaigan en la misma persona, mejorando la independencia en la resolución de litigios.
Asimismo, José Francisco Matías Sampedro desempeñará la función de vicario judicial adjunto durante los próximos tres años. Por su parte, la firma episcopal encomienda las tareas de jueces diocesanos al propio Pedro Faúndez Mayo y a Edgardo Rivera Chica. El papel de Edgardo Rivera Chica resulta fundamental para dotar de solidez técnica y pastorales a las decisiones tribunalicias. En esta misma reestructuración, José Manuel Rubio Maldonado pasa a ocupar el puesto de notario actuario. Su labor consistirá en dar fe pública de las actuaciones judiciales y autenticar la documentación oficial emitidos por el tribunal.
Refuerzo técnico en el área de cumplimiento normativo
La reestructuración jurídica se completa con la designación de Israel López Campos como abogado y letrado diocesano. López Campos asumirá la dirección técnica de la asesoría jurídica y el asesoramiento especializado en recursos humanos. Además, el letrado coordinará la supervisión del plan de prevención de delitos y la gestión del canal interno de denuncias. Con este conjunto de medidas, la diócesis busca incrementar el rigor de la gestión al servicio de todos los fieles.
