CCOO y UGT han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño para reclamar salarios dignos y facilitar el acceso a una vivienda, aunque la medida todavía debe ser ratificada por los máximos órganos de dirección de ambas organizaciones sindicales.
La convocatoria se plantea después del rechazo en el Congreso de los dos reales decretos-ley de vivienda impulsados por el Gobierno y pretende sumar las reivindicaciones laborales a las movilizaciones sociales vinculadas al acceso a la vivienda.
El anuncio ha abierto también un debate jurídico. CEOE ha puesto en duda el encaje legal de la protesta al considerar que parte de sus objetivos tienen un componente político, mientras que los sindicatos defienden que las reivindicaciones afectan directamente a los intereses económicos y sociales de los trabajadores.
¿Es legal una huelga general por vivienda y salarios?
El derecho de huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española y regulado por el Real Decreto-ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo.
Una huelga general puede ser legal siempre que cumpla los requisitos establecidos para su convocatoria y desarrollo.
La normativa contempla, sin embargo, determinados supuestos en los que una huelga puede ser declarada ilegal.
Entre ellos se encuentra que persiga fines exclusivamente políticos o ajenos al interés profesional de los trabajadores, que pretenda modificar lo pactado en un convenio colectivo vigente o que incumpla los requisitos legales establecidos para su convocatoria.
También deben respetarse los servicios de seguridad, mantenimiento y, cuando corresponda, los servicios mínimos fijados para actividades esenciales.
Que una huelga tenga reivindicaciones políticas no la convierte automáticamente en ilegal
Este es uno de los principales puntos del debate abierto tras el anuncio de CCOO y UGT.
La existencia de reivindicaciones dirigidas al Gobierno no significa necesariamente que una huelga sea ilegal.
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que los intereses profesionales de los trabajadores pueden ir más allá de una disputa directa con una empresa e incluir decisiones públicas que afecten a sus condiciones económicas, laborales o sociales.
Por esta razón, será necesario conocer la convocatoria definitiva, sus objetivos concretos y cómo se formalice antes de determinar su encaje jurídico.
¿Por qué CEOE cuestiona su legalidad?
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado la futura huelga al considerar que presenta un “claro componente político y electoral”.
La patronal entiende que una parte importante de las reivindicaciones se dirige al Gobierno y a decisiones legislativas relacionadas con la vivienda, cuestiones que no dependen directamente de las empresas.
CEOE y Cepyme han señalado además que consideran injustificado trasladar a las empresas y a la actividad económica el coste de una protesta dirigida fundamentalmente contra políticas públicas.
No obstante, las propias organizaciones empresariales han reconocido que habrá que esperar a conocer la convocatoria formal, su ámbito, fecha y objetivos definitivos para poder realizar una valoración jurídica completa.
¿Qué reclaman CCOO y UGT?
Los sindicatos han situado la futura huelga alrededor de dos grandes cuestiones: los salarios y el acceso a la vivienda.
En el ámbito laboral, las centrales sindicales enmarcan parte de sus reivindicaciones en la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, donde plantean incrementos salariales de entre el 4% y el 7% acompañados de cláusulas de revisión.
En vivienda, reclaman medidas como la limitación de determinados precios del alquiler, la creación de un parque público permanente de vivienda protegida y una aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda.
La convocatoria pretende coordinar además estas reivindicaciones con asociaciones vecinales, organizaciones sociales y movimientos de inquilinos.
¿Puede una empresa impedir que un trabajador haga huelga?
Cuando una huelga se desarrolla dentro de la legalidad, participar en ella constituye el ejercicio de un derecho fundamental.
Una empresa no puede sancionar, despedir o tomar represalias contra un trabajador únicamente por haber secundado una huelga legal.
Esto no impide que puedan existir responsabilidades por conductas que queden fuera del ejercicio legítimo del derecho, como actos de violencia, coacciones o daños a personas o bienes.
¿La empresa puede sustituir a los trabajadores en huelga?
Como regla general, la empresa no puede contratar trabajadores externos específicamente para sustituir a quienes estén ejerciendo su derecho de huelga.
La finalidad es evitar que la sustitución de los empleados que secundan el paro elimine de hecho la efectividad de la protesta.
Sí deben garantizarse, cuando proceda, las medidas necesarias para la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones, así como los servicios mínimos establecidos en sectores esenciales.
¿Pueden descontarme el salario?
Sí.
Durante el tiempo que un trabajador secunda una huelga, el contrato de trabajo queda suspendido y no existe derecho a percibir el salario correspondiente a ese periodo.
Por tanto, una huelga no equivale a un día libre remunerado.
La empresa puede descontar la parte proporcional del sueldo correspondiente al tiempo durante el que el empleado haya participado en el paro.
¿Qué ocurre con la Seguridad Social?
Durante una huelga, el trabajador pasa a una situación de alta especial en la Seguridad Social.
Durante ese periodo se suspende la obligación de cotizar.
Esto significa que la participación en la huelga tiene efectos tanto sobre la retribución como sobre la cotización correspondiente al tiempo durante el que se ejerce este derecho.
¿Hay que avisar a la empresa de que se va a hacer huelga?
El trabajador no está obligado individualmente a comunicar previamente a su empresa que va a secundar la huelga.
La convocatoria colectiva es la que debe cumplir los requisitos legales de comunicación.
Cada trabajador podrá decidir el mismo día de la protesta si se suma o no a la movilización.
¿Qué pasa con los servicios mínimos?
En determinados sectores considerados esenciales pueden establecerse servicios mínimos.
Los trabajadores que sean designados para cubrirlos deberán cumplirlos.
Este tipo de medidas afecta especialmente a ámbitos como la sanidad, el transporte, las emergencias y otros servicios esenciales para la población.
El alcance de los servicios mínimos dependerá de cada convocatoria y de las decisiones que adopten las administraciones competentes.
Entonces, ¿la huelga anunciada por CCOO y UGT es legal?
A día de hoy no puede afirmarse de forma definitiva ni que sea legal ni que sea ilegal, porque la huelga todavía no está formalmente convocada.
CCOO y UGT han anunciado su intención de impulsar una huelga general de 24 horas, pero todavía deben ratificarla sus órganos de dirección y concretar aspectos fundamentales como la fecha, el ámbito y las condiciones de la convocatoria.
Solo cuando esos elementos estén definidos podrá analizarse con precisión si cumple todos los requisitos legales.
Lo que sí establece el ordenamiento español es que el derecho de huelga está constitucionalmente protegido cuando se ejerce para defender los intereses de los trabajadores, y esos intereses pueden comprender también cuestiones económicas y sociales que vayan más allá de una relación directa con el empresario.
