El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, acusó ayer al Gobierno de Pedro Sánchez de tener “paralizadas” las decisiones sobre lo que ocurrirá a partir de la supresión del estado de alarma por la campaña electoral del Madrid y advirtió de que es “su obligación” legislar cuando nueve autonomías están en esta situación.
“No se puede tener un país paralizado por una campaña electoral”, censuró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que apeló al interés general y manifestó que hoy se siente “más Arisqueta que nunca”, en relación a la solicitud del Ejecutivo vasco de prorrogar en unas semanas el estado de alarma. “Estoy muy de acuerdo con lo que dice el País Vasco”, apostilló.
Sin embargo, reiteró que la posición de la Junta es conocida en el sentido de que legisle para que las comunidades cuenten con la herramienta jurídica y no tengan que depender de la decisión de los tribunales de justicia o prorrogue el estado de alarma, cuando hasta nueve comunidades están en una situación de alerta máxima.
“La obligación del Gobierno es legislar y asumir su responsabilidad, no pasar la pelota a las comunidades autónomas”, recalcó, convencido de la lentitud con la que el Gobierno toma las decisiones. “Tomar decisiones no es su especialidad, es una excusa”, anotó.
Igea manifestó que la Junta hace su trabajo y valora todas las opciones, en relación a las medidas que pueden tomar cuando decaiga el estado de alarma, pero insistió en que la responsabilidad es del Gobierno, a la vez que expresó la preocupación por la eliminación del cierre perimetral ante la incidencia de algunas comunidades vecinas.
“Claro que estamos preocupados”, aseveró, si bien añadió que ante ello lo que hacen es aumentar el ritmo de vacunación “para que nos pille con el mayor grado de inmunidad” a partir del 9 de mayo, cuando el Gobierno ha manifestado que termina el estado de alarma.
