La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha criticado duramente la forma en que el Gobierno central gestionó la última Conferencia Sectorial de Infancia. En su opinión, no fue un encuentro para dialogar o consensuar, sino un acto puramente formal con el único objetivo de imponer decisiones ya tomadas.
“No hubo diálogo, solo imposición”
Blanco asegura que la reunión fue convocada para aprobar criterios ya fijados en el Real Decreto, sin que se ofreciera a las comunidades la posibilidad de debatir, proponer alternativas o trabajar en común. Tampoco se celebró una reunión preparatoria que permitiera preparar el encuentro en condiciones.
Según la Junta, cuando varias comunidades, incluidas Castilla y León y Castilla-La Mancha, expresaron su desacuerdo, el Gobierno canceló la votación prevista. Una decisión que, para Isabel Blanco, demuestra la falta total de voluntad de consenso por parte del Ejecutivo.
Falta de transparencia y reparto desigual
La consejera también denunció una grave falta de información. Afirmó que la Junta ha cumplido con todas las peticiones de datos realizadas por el Ministerio, los medios de comunicación y los grupos políticos. Sin embargo, el Gobierno no ha respondido a las solicitudes de Castilla y León.
La única información sobre el reparto ha llegado a través de los medios, apuntó la consejera. Según esos datos, a Cataluña le corresponderían unos 20 menores, mientras que a Castilla y León se le asignarían más de 300. Blanco considera que esta diferencia es injusta y carente de explicación.
“No se puede mercadear con menores”
Blanco fue especialmente crítica con lo que considera un uso político del asunto. Asegura que el Gobierno está “mercadeando con niños y niñas” para contentar a sus socios independentistas. “Estamos hablando de personas, y esto es un tema muy serio”, señaló.
Castilla y León defiende su historial solidario
La consejera recordó que la comunidad siempre ha mostrado solidaridad en momentos clave. Lo hizo durante la crisis de Ceuta, la evacuación de Afganistán, la guerra en Ucrania y las emergencias migratorias en Canarias. Sin embargo, insistió en que esa colaboración siempre se ha dado desde la igualdad, el consenso y el respeto entre territorios, no desde la imposición.
Exige consenso y criterios claros
Para el Gobierno autonómico, el reparto de menores migrantes debe hacerse con criterios transparentes y equitativos, consensuados con todas las comunidades. Según Blanco, la imposición y la falta de diálogo del Ejecutivo central suponen un grave error, especialmente en un asunto tan sensible.
