La Diputación de Zamora ha presentado el Programa contra la Exclusión Financiera, una iniciativa pionera en Castilla y León que busca asegurar el acceso a servicios bancarios en los municipios que llevan años sin oficina ni cajero automático. El presidente provincial, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el vicepresidente segundo y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio, destacó que el contrato del servicio será sometido mañana a aprobación en el Pleno Ordinario como paso previo a su licitación. Faúndez defendió el espíritu del proyecto con una frase que resume su filosofía: “En la Diputación no rodeamos los problemas. Si tenemos un problema, le damos una solución”.
La medida nace para afrontar una situación cada vez más grave en la provincia. Según estudios recientes del IVIE y del Defensor del Pueblo, la exclusión financiera afecta especialmente al medio rural y a las personas mayores. Zamora es una de las provincias más castigadas, con 173 municipios que actualmente no disponen de ningún tipo de servicio bancario. Estas localidades conforman el listado inicial del contrato, aunque la Diputación ha garantizado que si algún municipio pierde su oficina o cajero, será incorporado de forma inmediata a la ruta del programa. Las comarcas de Sanabria y La Carballeda son las más afectadas, aunque el problema se extiende por gran parte del territorio provincial.
Para revertir esta situación, el programa prevé la puesta en funcionamiento de dos oficinas financieras móviles, cada una integrada en un vehículo tipo furgón adaptado a criterios de accesibilidad. Estos vehículos irán equipados con TPV bancario de última generación, lo que permitirá a los vecinos retirar dinero en efectivo, realizar operaciones básicas y obtener atención personalizada, con independencia de la entidad adjudicataria del servicio. Cada oficina contará con un vigilante de seguridad de transporte-conductor y un gestor comercial, sumando un total de cuatro profesionales vinculados a una empresa autorizada en transporte de fondos y servicios auxiliares.
El servicio visitará una vez al mes cada municipio incluido en el programa, garantizando así un acceso regular y estable a servicios financieros esenciales. El contrato tendrá una duración de 53 meses, de los cuales hasta cinco se destinarán a la preparación del servicio y 48 a su funcionamiento efectivo. La inversión asciende a 1.463.222,66 euros, lo que supone un coste anual aproximado de 365.000 euros financiados por la Diputación. Para su elaboración, el Servicio de Política Social ha realizado un exhaustivo trabajo de campo, contactando con todos los ayuntamientos de la provincia para detectar necesidades reales y asegurar que ninguna localidad quede fuera.
La Diputación considera este nuevo Programa contra la Exclusión Financiera como un servicio esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente entre las personas mayores que encuentran mayores dificultades en la transición hacia la banca digital. Con esta apuesta, la institución reafirma su compromiso de que vivir en un municipio pequeño no implique renunciar a derechos básicos como el acceso a servicios bancarios. El objetivo es claro: acercar la administración, mejorar la calidad de vida en el medio rural y evitar que la despoblación vaya acompañada también de un abandono de los servicios fundamentales.
