El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha anticipado que una de las primeras leyes que verá la luz a la vuelta de las vacaciones de verano, será la referida a la atención residencial, una norma prevista en la legislatura anterior que no pudo aprobarse, y que el nuevo ejecutivo de PP y Vox pretende llevar a las Cortes en el próximo periodo de sesiones.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo aseguró que el texto de esta ley que reformulará el modelo residencial de Castilla y León, tras el impacto de la pandemia del COVID-19, está “avanzado” y sigue un “ritmo adecuado”, por lo que además se cumplirá el compromiso asumido respecto de esta normativa, que recordó ha tenido que cumplir con el procedimiento legislativo de información pública y consulta a diferentes órganos.
Respecto al balance legislativo de esta primera mitad del año, Fernández Carriedo defendió la aprobación de leyes “buenas” y “útiles” para los ciudadanos, que rebajen impuestos, sean “positivas” y den “seguridad” y “garantías” al conjunto de los ciudadanos, frente a lo hecho por el Gobierno de España, ya en funciones tras las elecciones generales del pasado domingo, ya que lo acusó de elaborar normas “deprisa y corriendo”, teniendo que rectificarlas al poco tiempo.
Fernández Carriedo aludió a la crítica que se hace en ocasiones al “exceso” de producción legislativa y reiteró que el Gobierno de España ha aprobado “muchas” normas que han sido “perjudiciales” para el conjunto de los ciudadanos, como la del ‘sólo sí es sí’, que recordó ha rebajado las penas a más de 1.000 agresores sexuales y ha excarcelado a más de 100 antes de lo previsto. Por ello, más que valorar si “el número es mucho o poco”, optó por diferenciar si son “buenas», “útiles” y sirven a la gente.
De esta forma, el portavoz de la Junta defendió la actividad legislatura del Gobierno autonómico, que ha enviado a las Cortes el proyecto de ley de por el que se modifica la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León, así como la de Patrimonio Cultural, además de la de rebajas tributarias y la de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023 y de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que tras un error en la votación, fue rechazada y recuperada mediante una proposición de ley de los grupos parlamentarios de PP y Vox.
