El proyecto para construir un centro de datos de Monfarracinos ha vuelto a situarse en el centro del debate político y social tras las declaraciones emitidas por Fernando Prada, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora. Ante las inquietudes expresadas recientemente por el Partido Socialista sobre la preocupación de los vecinos de la localidad, la administración autonómica ha salido al paso para ofrecer un mensaje de tranquilidad, garantizando el cumplimiento estricto de la ley y defendiendo la importancia de este macroproyecto de más de 4.000 millones de euros de inversión.
Fernando Prada ha sostenido que la oposición ha tratado de «tapar sus vergüenzas a nivel nacional» cuestionando iniciativas que están abiertas a la consulta pública. El delegado ha enfatizado que el proyecto cuenta con «transparencia y claridad» y se encuentra «siempre, por supuesto, ajustado a la normativa», destacando además que se trata de «un proyecto que es importante para Zamora» por el impacto económico y el empleo que puede generar.
Uno de los puntos de mayor incertidumbre gira en torno al borrador de un nuevo decreto impulsado por el Gobierno central sobre la exigencia de porcentajes de energías renovables en este tipo de infraestructuras. Prada ha aclarado que se trata de un borrador que aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros ni convalidado en el Congreso, por lo que resulta prematuro determinar su impacto definitivo sobre la instalación planificada en tierras zamoranas.
Sin embargo, el representante de la Junta no ha ocultado su preocupación por el borrador redactado, señalando que «es un decreto restrictivo, es un decreto que limita mucho la actividad». Asimismo, ha advertido de que una regulación excesivamente dura «haría inviable no solamente proyectos como el que puede plantearse aquí, en Zamora, sino también a nivel de otras comunidades» que albergan actuaciones similares.
En este sentido, Prada ha alertado del riesgo de que la inestabilidad normativa termine espantando el capital privado del territorio autonómico y nacional. El delegado ha subrayado la necesidad de que estas iniciativas puedan desarrollarse con garantías y ha advertido de las consecuencias de frenarlas: «Si no lo pueden hacer en Zamora, en Castilla y León o en España, pues seguro que estas empresas irán cerca de Zamora, a Portugal o a otros sitios en los cuales la normativa es más viable o es lógica y entendible para todos».
Finalmente, el delegado ha criticado la incertidumbre legislativa generada por el Ejecutivo central, asegurando que «tenemos un Gobierno inestable que no tiene la posibilidad de convalidar muchísimas normas», lo que convierte la tramitación de estos grandes proyectos en «un tránsito difícil y, sobre todo, inestable», reiterando de nuevo que la iniciativa mantendrá en todo momento un «cumplimiento estricto de la normativa».
