La Junta de Castilla y León ha remitido al Ministerio de Hacienda un total de 12 alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, mostrando su rechazo firme a la propuesta del Gobierno de condonación de deuda autonómica.
Según el Ejecutivo autonómico, esta medida supondrá un perjuicio directo para los ciudadanos de Castilla y León, que verán aumentada su deuda en 523 euros por habitante, lo que refleja, según la Junta, “una decisión política sin rigor técnico ni consenso multilateral”.
Alegaciones por una cuestión de equidad y responsabilidad
El documento presentado ante Hacienda, dentro del plazo de audiencia pública, recoge doce argumentos clave en contra del texto propuesto. Entre ellos, la Junta subraya que la medida tiene una motivación política derivada del acuerdo de investidura del Gobierno de España, sin haber contado con la participación ni la valoración de las comunidades autónomas.
Además, critica que el anteproyecto no soluciona el problema estructural del modelo de financiación autonómica, caducado desde hace más de una década, y que solo “mutualiza la deuda”, trasladando el peso económico al Estado, es decir, a todos los contribuyentes españoles.
“Cada administración debe asumir su responsabilidad”
Entre las alegaciones, el Ejecutivo autonómico recuerda que la responsabilidad fiscal es un principio constitucional, recogido en el artículo 9 de la Constitución y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por lo que “cada administración debe responder de sus decisiones y asumir las consecuencias de su gestión”.
Asimismo, la Junta reprocha la falta de transparencia y diálogo en la elaboración del anteproyecto, que “se ha presentado como un acuerdo cerrado, sin negociación multilateral”, y alerta de que genera agravios comparativos entre territorios.
“No puede penalizarse a las comunidades que han gestionado con prudencia sus recursos y beneficiarse a quienes han acumulado más deuda”, señalan fuentes del Ejecutivo autonómico.
Un modelo de reparto que perjudica a Castilla y León
Otro de los puntos más controvertidos es el criterio de reparto de la deuda. La Junta denuncia que los criterios aplicados son discrecionales y arbitrarios, al redistribuir parte de la deuda sin atender a la eficiencia del gasto ni a las recomendaciones de organismos independientes como la AIReF.
Según el análisis autonómico, el sistema propuesto discrimina a las comunidades que han aplicado políticas fiscales prudentes, como Castilla y León, beneficiando a las que han subido impuestos o acumulado un mayor endeudamiento.
Sin beneficio real para los servicios públicos
La Junta también desmiente que la medida vaya a traducirse en más fondos para sanidad, educación o servicios sociales. El propio anteproyecto establece que la condonación no generará ingresos adicionales ni capacidad de gasto, al estar sujeta a las reglas de estabilidad presupuestaria.
Por tanto, concluye el Ejecutivo regional, no se trata de una solución financiera ni estructural, sino de una transferencia de deuda al Estado que “no alivia la situación de las comunidades ni corrige la infrafinanciación actual”.
Un déficit estructural de más de 6.700 millones
El Consejo de Cuentas de Castilla y León estima que la comunidad ha acumulado un déficit de financiación de 6.722 millones de euros entre 2009 y 2021, lo que equivale a más de 500 millones anuales.
Por ello, la Junta insiste en que la prioridad debe ser la reforma del modelo de financiación autonómica, con un enfoque de solidaridad, suficiencia e igualdad, que tenga en cuenta factores demográficos y territoriales que encarecen la prestación de servicios públicos en regiones como Castilla y León.
“Necesitamos un sistema justo, basado en criterios objetivos, no en acuerdos políticos coyunturales”, subraya la Consejería de Economía y Hacienda.
Conclusión: una posición firme ante una medida desigual
Con estas alegaciones, la Junta de Castilla y León reafirma su oposición frontal al anteproyecto y su compromiso con una gestión responsable de las finanzas públicas, reclamando al Gobierno central una negociación multilateral, técnica y transparente que garantice la igualdad entre comunidades.
