El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este viernes las bases reguladoras de las ayudas de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta para financiar el 100 por ciento de la instalación de puertas automáticas en aquellos locales de autónomos y empresarios que deban adaptar sus espacios a las exigencias del decreto de ahorro energético «impuesto por el Gobierno central».
Las ayudas, con un montante total de 9 millones de euros, se financiarán con Fondos Europeos mediante los recursos financieros derivados del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Las ayudas pueden solicitarse con carácter retroactivo, financiando las inversiones realizadas entre el 1 de enero de 2021 y el 15 de noviembre de 2022.
La convocatoria denominada ‘Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas’ es un programa que subvencionará las inversiones de aquellas empresas o microempresas orientadas a facilitar la transición de su actividad productiva hacia una economía respetuosa con el medio ambiente.
Una de estas actuaciones, reflejadas en el decreto de ahorro energético «impuesto por el Gobierno central» como incide el comunicado de la Junta recogido por Europa Press, que «obliga a las tiendas, bares o centros comerciales a instalar antes del 30 de septiembre un sistema automático de cierre de las puertas que dan a la calle para evitar que permanezcan abiertas».
Por ello, el departamento que dirige Mariano Veganzones ha decidido contrarrestar el agravio económico que la medida pueda producir a los empresarios y comerciantes de Castilla y León financiando el 100 por ciento de estas instalaciones hasta un máximo de 5.000 euros.
Serán en total 9 millones de euros, procedentes de los Fondos Europeos, los que desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se pondrán a disposición de los autónomos y empresarios de Castilla y León.
Tal y como destaca el consejero, con este nuevo programa se pretende estar «del lado de los empresarios y comerciantes de Castilla y León, que son los que más sufren la política energética dependiente impulsada por el Gobierno».
