Las nuevas ayudas sociales en Castilla y León se concederán bajo el principio de prioridad nacional durante la presente legislatura. Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, en su comparecencia ante las Cortes autonómicas. El objetivo de este cambio de rumbo, aseguran desde Vox, radica en reorganizar por completo la gestión de los recursos autonómicos y simplificar los trámites administrativos.
El nuevo departamento de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales explica que centrará sus esfuerzos iniciales en aliviar las trabas burocráticas a los ciudadanos. Para ello, la administración autonómica eliminará la obligatoriedad de la cita previa de manera inmediata. Desde el ejecutivo aseguran que esta medida pretende devolver la agilidad a las oficinas públicas tras años de esperas excesivas para realizar gestiones básicas.
Asimismo, la Junta de Castilla y León impulsará de manera generalizada el silencio administrativo positivo. De igual modo, se potenciará el uso de la declaración responsable para agilizar la puesta en marcha de actividades económicas. Según ha manifestado Pollán, el exceso de burocracia actual lastra de forma injustificada la economía y el bienestar de las familias.
Prioridad nacional en el acceso a las prestaciones públicas
El Ejecutivo autonómico planea reformar los criterios de reparto del dinero público de forma inminente. Pollán ha explicado que el acceso a las distintas ayudas sociales en Castilla y León se guiará por el principio de preferencia para los ciudadanos nacionales, adecuando siempre la medida a la legalidad vigente. Con ello se busca blindar los recursos públicos y evitar abusos en los servicios de asistencia social.
Por otra parte, el vicepresidente ha manifestado un rechazo frontal a la política migratoria promovida por el Gobierno de España. En este sentido, la Junta se opondrá al reparto de inmigrantes ilegales en el territorio autonómico utilizando todos los mecanismos legales a su alcance.
Asimismo, se instará de forma sistemática a la Fiscalía de Menores a realizar pruebas forenses de determinación de edad. Esta medida busca evitar fraudes de identidad y el colapso de los centros de acogida públicos de la comunidad. También se suprimirán subvenciones a aquellas entidades que faciliten de forma indirecta la inmigración irregular.
Apoyo económico directo a las familias y fomento de la conciliación
El fomento de la natalidad será otro de los pilares del departamento autonómico durante los próximos cuatro años. La Consejería tiene previsto incrementar de forma progresiva la cuantía del Bono Nacimiento en función de la renta de los solicitantes. Además, este pago se efectuará en un único ingreso para simplificar la tramitación a los progenitores.
Igualmente, se mantendrán vigentes y con mayor cobertura el Bono Concilia y el Bono Infantil. Estas iniciativas buscan reducir los costes del cuidado de menores de cero a tres años en el entorno familiar.
