Las nueve comisarías provinciales de Policía en Castilla y León serán las encargadas de expedir las solicitudes de protección temporal de los ciudadanos ucranianos que las pidan y que, en 24 horas, podrán tener aprobado su permiso de residencia y trabajo por un plazo de hasta tres años en un proceso «sencillo, rápido y ágil», en el que estarán asistidos, además, por intérpretes para facilitar los trámites.
Así lo ha explicado la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que ha explicado el procedimiento en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el jefe superior de Policía Nacional, Juan José Campesino, y el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez.
El dispositivo que se pone en marcha responde, ha recordado Barcones, al acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022 que amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España.
Esta orden tiene como objetivo una «simplificación» de los trámites, de forma que las personas desplazadas que lleguen a España puedan obtener los derechos que les otorga la directiva de forma sencilla y rápida en un plazo máximo de 24 horas –permiso de residencia y trabajo–, si bien, el propio resguardo acreditativo de la solicitud «garantiza la legalidad» de la estancia en España, y en él constará un NIE asignado.
El procedimiento se iniciará a instancias de la persona interesada. La solicitud de protección temporal se formulará mediante comparecencia ante funcionarios de la Dirección General de la Policía, -las Brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras-, en las comisarías o en los centros de acogida, recepción y derivación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en su caso.
Mientras se tramita la solicitud, la persona interesada está autorizada a permanecer en territorio español y a percibir las ayudas sociales gestionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La oficina de Asilo y Refugio tramitará las solicitudes de protección temporal mediante el procedimiento de urgencia, y el Ministerio del Interior acordará la concesión o denegación de la protección temporal a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, ha explicado Barcones.
La resolución por la que se conceda la protección temporal, que se dictará en un plazo máximo de 24 horas, incluirá la autorización de residencia y de trabajo, y todo ello se prorrogado automáticamente por otro año y, «excepcionalmente» se podría ampliar a un tercero.
Barcones ha apuntado que la semana pasada envió una carta a todos los ayuntamientos de la Comunidad para ofrecerles una guía, en castellano y ucranio, para que todos aquellos refugiados que lleguen a la Comunidad estos días tengan «toda la información necesaria».
Además, ha avanzado que el miércoles habrá una reunión con la Junta, a través de su consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes, presidentes de las diputaciones provinciales y la junta de Gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para dar una respuesta «adecuada» y «coordinada» al «flujo de solidaridad» que se está viviendo.
Una reunión, argumenta, para que las administraciones públicas puedan ofrecer a todos aquellos ucranianos que salen «del horror y las bombas» y aquellos de otras nacionalidades que tenían permiso de residencia antes de que estallara el conflicto la información necesaria ya que pueden llegar a la Comunidad a través de tres canales. «El institucional, las ong y a través de la solidaridad de particulares», ha recordado.
UCRANIANOS EN CYL
En España hay empadronados 112.000 ucranianos, de los cuales, 1.400 residen en Castilla y León. Por provincias, según datos del padrón, en Ávila residen 84, en Burgos 207, otros 238 en León, 45 en Palencia, 254 en Salamanca, 117 en Segovia, 126 en Soria, 281 en Valladolid y otros 47 en Zamora.
Barcones señala que es «difícil» saber cuántos de los casi 2,5 millones de personas que han abandonado el país se quedarán en los países fronterizos o pueden llegar hasta España y Castilla y León.
El Consejo de Ministros del 1 de marzo aprobó una declaración institucional en solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas de Ucrania por la que se comprometía a velar por su bienestar y atender sus necesidades, tanto a aquellos que ya están en nuestro país, como a los que puedan llegar en adelante.
El Gobierno español se comprometía a alinearse con la decisión del Consejo de la Unión Europea para concederles protección temporal, acogerlos y asumir las consecuencias de su acogida; pero, aún más, el Consejo de Ministros del 8 de marzo aprobó el Acuerdo que amplía el ámbito de aplicación de esta directiva también a nacionales de terceros países con residencia efectiva en Ucrania en el momento en que se produjo la invasión.
