PROVINCIAL

Las entidades locales de Castilla y León podrían recibir 406,9 millones de euros de remanentes de Tesorería

Hacienda llega a un acuerdo con la Federación de Municipios y Provincias

Los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León podrán recibir 406,9 millones de euros de remanentes de Tesorería para gastos generales, en base a las cantidades que acreditaron en 2019, si se suman al fondo de 5.000 millones aprobado por el Real Decreto-ley 27/2020 de 4 de agosto tras el acuerdo del Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) que podrán dar salida a parte del dinero que las entidades locales no pueden gastar desde 2012.

La participación en el fondo será proporcional a la cantidad de los remanentes voluntariamente aportados por cada entidad al préstamo a la Administración General del Estado, que esta devolverá integro en un plazo de 15 años, de modo que, de esos 5.000 millones que el Estado transfiere a fondo perdido (2.000 millones en 2020 y otros 3.000 en 2021), quienes participen se asegurarán una cantidad mínima del 35% al menos de la que hayan acreditado, que puede ser mayor si no participan todos.

El acuerdo con la FEMP prevé asímismo que la aplicación de la regla de gasto (una forma de controlar el equilibrio presupuestario, de manera que el gasto público se mantenga en los márgenes de los ingresos esperados) queda suspendido durante 2020, así como que los remanentes de 2019 se puedan destinar para financiar gastos en 2020 siempre que se cumplan los criterios de estabilidad presupuestaria.

No están incluidas en estas cantidades las correspondientes al Fondo de transportes, otra inyección de hasta 400 millones de euros con la que el Estado pretende compensar a los ayuntamientos por la caída de ingresos del transporte público colectivo urbano durante el estado de alarma, así como el déficit que se produzca hasta el final del 2020 por reducción de ingresos y costes extraordinarios provocados por la COVID. En virtud de ese fondo, las entidades recibirán hasta el 35% de los ingresos por tarifa correspondientes a 2018 que puedan acreditar.

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