El incremento en este 2022 deL importe es del 6,2 % de media en la prestación vinculada al servicio y en la de asistencia personal, y del 5,8 % en la de cuidados en el entorno familiar.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha publicado hoy una orden en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) por la que hace efectiva una subida del 6 % como promedio en las cuantías de las prestaciones económicas de Dependencia, que tienen reconocidas unas 77.000 personas en la Comunidad.
Con esta medida, el departamento que dirige la zamorana Isabel Blanco pretende aliviar el aumento generalizado del coste de productos y servicios y compensar a los colectivos más vulnerables, que precisan apoyos para realizar actividades de la vida cotidiana.
El incremento de estos importes es del 6,2 % de media en la prestación vinculada al servicio y en la de asistencia personal, y del 5,8 % en la de cuidados en el entorno familiar.
La prestación vinculada al servicio es una ayuda económica destinada al pago de servicios de atención residencial, atención diurna o ayuda a domicilio, mientras la de asistente personal facilita la contratación de este servicio concreto que favorece el ejercicio de una vida lo más autónoma posible. En ambos casos, la cuantía se fija en función de la combinación de varios factores, como son los importes máximos vigentes en cada momento, la capacidad económica del usuario y su grado de dependencia.
Con la modificación de las fórmulas de cálculo reflejadas en la orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, los importes máximos para 2022 en lo relativo a ambas prestaciones –que son los de referencia para los usuarios que tienen una capacidad económica reducida–, se fijan en 965,34 euros para grandes dependientes (grado III); 788,32 euros para los de grado II, y 405 euros para los de grado I.
Se trata de unas cifras sensiblemente superiores a las establecidas en el marco estatal. De hecho, a los dependientes de grado I y III a los que les corresponde la cuantía máxima de la prestación vinculada o de asistencia personal perciben en Castilla y León el 35 % más de lo que establece el Gobierno de España que debería abonarse como mínimo (300 y 715,07 euros, respectivamente), mientras que las asignadas para el grado II son el 85 % mayores que las estatales (426,12 euros).
Por su parte, la prestación económica de cuidados en el entorno familiar tiene como finalidad contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención a personas con dependencia en su propio domicilio por un familiar o alguien de su entorno, que no estén vinculados a un servicio de atención profesionalizada, y siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. Como en el caso de las dos ayudas antes mencionadas, su cuantía depende de los importes máximos vigentes en cada momento, de la capacidad económica del interesado y de su grado de dependencia.
