El próximo martes 27 de enero se celebrará en los Juzgados de Zamora un procedimiento contencioso-administrativo relacionado con la reclamación por responsabilidad patrimonial interpuesta por la asociación local Adoptamiaus Protección Animal contra el Ayuntamiento de Fuentesaúco.
La reclamación se deriva de los gastos veterinarios y de alimentación que la asociación viene asumiendo desde hace más de dos años como consecuencia de la falta de actuación municipal en la gestión integral de las colonias felinas, una obligación establecida por la Ley 7/2023, en vigor desde 2023.
Según explica Adoptamiaus, la vía judicial no ha sido una decisión deseada ni precipitada, sino el último recurso posible, tras dos años de solicitudes formales dirigidas al Consistorio e intentos reiterados de colaboración sin obtener respuesta.
La Ley 7/2023 establece la obligación de que los ayuntamientos gestionen los gatos comunitarios de forma integral conforme a criterios técnicos ampliamente consensuados: programa CER (Captura, Esterilización y Retorno), pautas de alimentación controlada, limpieza, seguimiento, mediación vecinal y medidas de salubridad pública.
Sin embargo, Adoptamiaus sostiene que, pese a ser la única asociación local experta y activa en la gestión de colonias felinas en Fuentesaúco, y pese a los resultados obtenidos mediante un CER de alta intensidad aplicado por necesidad ante el riesgo de descontrol poblacional, el Ayuntamiento habría mantenido una falta de respuesta sostenida y una ausencia de medidas reales para implantar un CER municipal.
La asociación remarca que este escenario genera conflictos de convivencia vecinal, incrementa el número de camadas, genera mayores costes futuros y afecta a la implementación de la norma estatal.
Desde octubre de 2023, Adoptamiaus habría presentado al menos ocho escritos registrados solicitando al Ayuntamiento actuaciones concretas e informando sobre obligaciones legales, subvenciones disponibles y medidas mínimas para iniciar un CER municipal. La asociación subraya que, incluso en este contexto, siempre ha ofrecido su colaboración técnica sin coste, incluyendo no solo la ejecución integral del CER, sino también la elaboración de los informes técnicos necesarios para la convocatoria de subvenciones estatales.
Esta falta de respuesta motivó que el Ayuntamiento fuese incluido en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con el Procurador del Común de Castilla y León, evidenciando un bloqueo institucional.
Adoptamiaus remarca que, tras iniciarse determinadas actuaciones oficiales vinculadas al caso, se habría cuestionado su labor, pese a ser una actuación voluntaria, conocida públicamente y ajustada a las directrices estatales.
La entidad calcula que los gastos asumidos en esterilizaciones, medicamentos, cuidados veterinarios y alimentación derivados de su labor de control ético de colonias alcanzan cifras superiores a 20.000 euros, correspondientes a unos 20 meses de ejecución. Se trata de un coste afrontado por una asociación pequeña y sin ánimo de lucro, sostenida principalmente por aportaciones personales y donaciones puntuales.
No obstante, deja claro —y así consta en el expediente— que lo reclamado se limita exclusivamente a gastos veterinarios y de alimentación, que son precisamente los que la ley estatal determina como obligación municipal. Adoptamiaus recalca que no solicita contraprestación alguna por su trabajo, pese a asumir tareas como capturas, traslados a clínicas veterinarias, retornos, limpieza del entorno, vigilancia de individuos, mediación y divulgación ciudadana.
La asociación registró una primera solicitud de responsabilidad patrimonial en febrero de 2025, y una segunda en agosto de 2025, ambas sin respuesta municipal. Agotada la vía administrativa, se vio obligada —según explica— a acudir a los tribunales.
Adoptamiaus manifiesta que, tras conocer el Ayuntamiento la existencia del contencioso, se produjo por primera vez un contacto directo desde el Consistorio. Según la asociación, en ese contacto el Ayuntamiento habría solicitado la retirada íntegra de la reclamación como condición para contar con ellas en el futuro desarrollo del CER municipal, trasladando verbalmente que no se contaría con la asociación mientras mantuviera el procedimiento judicial abierto.
La entidad indica además que el Consistorio habría planteado la contratación de empresas externas “aunque resulte más caro”, lo que podría interpretarse como una exclusión del tejido asociativo local y un impacto en la economía municipal. Asimismo, señala que iniciar un CER “desde cero” y no dar continuidad a una gestión ya implantada podría afectar la continuidad del programa, desarrollado por personas voluntarias con experiencia, conforme a los protocolos técnicos y al marco legal vigente.
Como ejemplo de agravio comparativo, la entidad recuerda que el Ayuntamiento ha mantenido relaciones contractuales con empresas que han reclamado judicialmente cantidades importantes sin que ello derivase en exclusiones, como fue el caso de AQUONA, que reclamó más de 230.000 euros al Consistorio en 2024.
La asociación señala, además, que el programa CER municipal aprobado provisionalmente por el Pleno el 17 de diciembre ha recibido alegaciones fundamentadas, acompañadas de informes técnicos veterinarios y biológicos, al contener previsiones que podrían resultar contrarias o incompatibles con la Ley 7/2023 y con los estándares técnicos mínimos establecidos en protocolos autonómicos y directrices estatales.
Desde Adoptamiaus señalan que el procedimiento judicial supone para la entidad un esfuerzo económico y administrativo importante, incluyendo la contratación de asistencia letrada y el seguimiento de trámites legales. La entidad considera que el caso refleja que, pese a la Ley 7/2023, algunos municipios no han implementado la normativa, dejando a gestoras y asociaciones en una situación de responsabilidad y coste que correspondería a la administración.
