La Ley de Publicidad Institucional en Castilla y León ha generado los primeros despidos de periodistas, según ha alertado el Colegio Profesional de Periodistas de la comunidad. Una situación que, advierten, seguirá agravándose salvo que se modifique dicha ley o la justicia conceda las medidas cautelares tras la reclamación judicial efectuada por 25 medios de comunicación al Tribunal Superior de Justicia por contravenir la Constitución.
Primeros despidos y consecuencias para los medios
El decano del Colegio, Pedro Lechuga Mallo, ha señalado que los despidos ya se han producido y representan una grave pérdida de empleos y una disminución de la pluralidad informativa en Castilla y León.
Antes de aprobarse la ley, tanto el Colegio como los medios advirtieron a los grupos políticos sobre los riesgos, pero estas alertas fueron ignoradas, lo que ha desencadenado la situación actual.
La normativa fue aprobada con los votos a favor del PSOE, VOX y el procurador de Podemos, Pablo Fernández, y Francisco Igea, exvicepresidente de la Junta.
Impacto desigual de la ley: pequeños medios frente a grandes grupos
Expertos y representantes del sector destacan que la ley tiene un efecto particularmente dañino sobre los medios locales y pequeños. La limitación de que un medio solo pueda recibir hasta el 33 % de su facturación anual a través de publicidad institucional pone en riesgo la viabilidad económica de estos medios, que dependen en gran medida de estos contratos.
En contraste, los grandes grupos de comunicación autonómicos y nacionales, con ingresos mucho más diversificados, apenas se verían afectados y podrían seguir percibiendo importantes cantidades de publicidad institucional. Esta situación ha generado críticas sobre la posible discriminación económica de la ley, que podría favorecer indirectamente a los conglomerados de medios frente a los más pequeños, debilitando la pluralidad informativa.
¿Una ley inconstitucional?
Según el Consejo Consultivo, la norma podría exceder las competencias de la comunidad autónoma, ya que no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado. La inclusión de vetos a medios condenados judicialmente supone una posible invasión competencial que podría derivar en la nulidad jurídica de la norma.
Posibles soluciones y medidas cautelares
Los 25 medios de comunicación afectados han presentado reclamación judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Si se conceden medidas cautelares, podrían suspenderse los efectos de la ley hasta una resolución definitiva, evitando más despidos y garantizando la pluralidad informativa en la región.
