Los sindicatos CCOO y UGT, junto al Sindicato de Inquilinas, han fijado el próximo 11 de noviembre como la fecha para la huelga general de 24 horas centrada en la crisis de la vivienda y la exigencia de salarios dignos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha confirmado el consenso entre ambas centrales sindicales en declaraciones a TVE, coincidiendo con la propuesta de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI). El acuerdo prevé cerrarse formalmente esta tarde con el conjunto de organizaciones participantes.
Esta convocatoria —la primera huelga general que afronta un Gobierno de Pedro Sánchez y la primera conjunta de CCOO y UGT desde 2012— surge tras el rechazo inicial en el Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes sobre vivienda, reaprobados ayer con modificaciones por el Consejo de Ministros. Ante la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, la convalidación de los textos queda en manos de la Diputación Permanente.
El anuncio ha provocado una inmediata reacción en el ámbito empresarial. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado la protesta de partidista y electoralista, sugiriendo que no responde a motivos estrictamente laborales y planteando dudas sobre su legalidad. En la misma línea, organizaciones sindicales como CSIF han avanzado que no secundarán el paro al percibir una clara motivación política en la convocatoria.
Pepe Álvarez ha salido al paso de las acusaciones de la patronal asegurando que la movilización es «absolutamente constitucional». El dirigente sindical ha instado a la propia CEOE a sumarse a las reivindicaciones, señalando que la falta de vivienda asequible impide a las empresas encontrar personal en las zonas con precios más tensionados y neutraliza los incrementos salariales pactados en la negociación colectiva.
