Expulsión y multas de hasta 3.000 euros para cuatro menores por defecar en las piscinas de El Plantío en Burgos

La colaboración de un usuario fue clave para que la Policía Local identificara a los implicados, quienes se enfrentan también a la prohibición de acceso a recintos deportivos municipales durante cinco años.

El Ayuntamiento de Burgos ha iniciado un expediente sancionador contra cuatro menores de entre 11 y 13 años como presuntos autores de un acto incívico cometido el pasado 18 de agosto en las piscinas complejas de El Plantío. La alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, ha confirmado que la administración municipal irá «hasta las últimas consecuencias» para sentar un precedente ante un problema recurrente que ya suma unos seis episodios similares durante la presente temporada estival.

Un testigo presencial, clave para la identificación

A diferencia de ocasiones anteriores en las que no se logró localizar a los responsables, la rápida intervención de un usuario que presenció los hechos mientras estaba con sus hijos resultó determinante. Tras el aviso, el personal de las instalaciones alertó a la Policía Local, cuyos agentes acudieron al recinto, identificaron al grupo —que se encontraba acompañado por un adulto— y contactaron de inmediato con los progenitores para notificarles la apertura de la investigación.

Este tipo de actos obliga al desalojo inmediato del vaso de la piscina para proceder a su desinfección, interrumpiendo el servicio e imposibilitando el uso de las instalaciones al resto de los bañistas.

Severas sanciones económicas y veto deportivo

En aplicación del reglamento municipal de instalaciones deportivas, de confirmarse la autoría de los hechos, los implicados y sus responsables legales se enfrentan a un abanico de medidas correctoras:

  • Multa económica: Sanciones que pueden alcanzar hasta los 3.000 euros.
  • Reparación de daños: Obligación de abonar íntegramente los costes derivados del material o servicio dañado.
  • Expulsión del servicio: Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo municipal por un periodo máximo de cinco años.

Al contar con testimonio directo y parte policial, el equipo de Gobierno confía en resolver el expediente aplicando la sanción máxima que contempla la normativa.

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